El desencanto de la democracia


La elección presidencial de 2000 fue una elección sin precedentes: por primera vez en la historia de nuestra incipiente democracia el partido hegemónico, el PRI, veía lejana la posibilidad de volver a llegar a tener mayoría en el Congreso de la Unión y, sobre todo, de acceder al Poder Ejecutivo, el doble símbolo máximo del Líder del Partido y Líder de la Nación.

Así pues, en este contexto el 63.97% de las personas registradas en lista nominal salieron a votar ese 2 de julio en donde el 42.52% de estas personas que votaron lo hicieron por la Alianza por el Cambio (Partido Acción Nacional y Verde Ecologista de México) , el 36.11% lo hizo por el Partido Revolucionario Institucional y el 16.64% lo hizo por Alianza por México (Partido de la Revolución Democrática, el Partido del Trabajo, Convergencia, el Partido Alianza Social y el Partido de la Sociedad Nacionalista).

La elección presidencial de 2000 fue una elección sin precedentes: por primera vez en la historia de nuestra incipiente democracia el partido hegemónico, el PRI, veía lejana la posibilidad de volver a llegar a tener mayoría en el Congreso de la Unión y, sobre todo, de acceder al Poder Ejecutivo, el doble símbolo máximo del Líder del Partido y Líder de la Nación.

Así pues, en este contexto el 63.97% de las personas registradas en lista nominal salieron a votar ese 2 de julio en donde el 42.52% de estas personas que votaron lo hicieron por la Alianza por el Cambio (Partido Acción Nacional y Verde Ecologista de México) , el 36.11% lo hizo por el Partido Revolucionario Institucional y el 16.64% lo hizo por Alianza por México (Partido de la Revolución Democrática, el Partido del Trabajo, Convergencia, el Partido Alianza Social y el Partido de la Sociedad Nacionalista).

Y así, se registró un hecho histórico: la transición política que se realizó de forma pacífica tanto en el ámbito ciudadano como entre las élites políticas al suceder lo que algunos llaman la “transición de terciopelo”.

A este hecho histórico además de que fue cargado de significados (prueba de la madurez de las instituciones electorales y políticas, prueba de la civilidad del pueblo mexicano, incluso, prueba de que habíamos alcanzado una mayoría de edad en cuanto a cultura democrática) le cargamos adicionalmente altas expectativas, quizás demasiado excesivas.

Parecería que pensamos que el solo hecho de vivir una transición política estábamos dando un salto cuántico en la evolución de nuestra democracia, parecería que al cambiar de origen partidista de las y los servidores públicos de los poderes Ejecutivo y Legislativo el gobierno, por un acto de magia electoral como quien saca un conejo de la urna, se volvería en un gobierno eficaz que tendría claramente desarrollada una tendencia por el interés público en donde se resolverían el grueso de los problemas económicos, sociales y políticos.

No fue así.

Durante los siguientes seis años, el enorme bono de confianza que se le había depositado a Vicente Fox se fue esfumando en la medida de las declaraciones que forman ahora parte del catálogo del chiste nacional, en la medida de los errores de la administración ajena a los problemas sociales y cercana a los índices económicos y en la medida de la tibieza para impulsar un pacto nacional que diera forma a verdaderas y urgentes reformas educativas, políticas, judiciales, electorales y fiscales.

Esta confianza se perdió tanto por omisiones en la solución de problemas nacionales como en la alianza con los tradicionales grupos de poder (Sindicato de Maestros, Medios de Comunicación, Intereses Empresariales, etc) que finalmente vino a dar continuidad a las viejas prácticas de corporativismo, uso de la estructura del Estado para privilegiar los intereses de partido, e incluso, personales y que a la postre devendría en casos notables y notorios de corrupción, nepotismo, abuso de poder, como en los tiempos del partido hegemónico.

Un caso paradigmático de esta situación fue los intentos de “desaforar” al futuro candidato a la presidencia, Andrés Manuel López Obrador, en donde quedó claramente manifiesta la utilización de los tres poderes de gobierno para presionar un interés que atendía finalmente una agenda política, electoral y de partido dejando de lado la legalidad y el respeto a la autonomía de las instituciones y de la separación de poderes.

Este interés, incluso manifestado en diversas ocasiones por Vicente Fox ante medios de comunicación, de no dejar llegar a la izquierda al Poder Ejecutivo así como diversas acciones que posteriormente la misma Suprema Corte de Justicia pondría en entredicho en el Dictamen de Validez de la Elección Presidencial (campañas sucias de particulares en medios masivos de comunicación, intervención del Ejecutivo durante las campañas electorales, etc) polarizaría la elección presidencial de 2006.

De esta forma, el conflicto postelectoral se cocinaría por tres ingredientes que se combinaron: uno inesperado, los resultados electorales tan cerrados (0.58% de diferencia entre el Partido Acción Nacional y Alianza por el Bien de Todos, Partido de la Revolución Democrática, Partido del Trabajo y Convergencia); uno imprudente, la polarización de la sociedad y de las personas actoras políticas; y, finalmente, uno heredado, el fantasma del “fraude electoral”).

Muy probablemente estos tres factores no solo quedaron en el conflicto postelectoral sino que alimentaron el desencanto a la transición política.

Seis años después de haber experimentado la euforia de una transición política pacífica, al trascurrir los meses después del 2 de julio de 2006 viviríamos el desencanto que se traduciría en la pérdida de la confianza de parte de la ciudadanía hacia las instituciones y procedimientos electorales.

Ciudadanía y partidos políticos pasarían a formar parte de los “desencantados”. La presunción por parte de la Coalición por el Bien de Todos de que hubo fraude corrió como reguero de pólvora por diversos medios de comunicación y terminaría gestándose en una gran parte de la ciudadanía. Algunas encuestas revelarían que 1 de cada 3 mexicanos cree que hubo fraude electoral en 2006.

Sin embargo, a pesar de las declaraciones de las personas representantes de la Coalición por el Bien de Todos hay que reconocer algo que parecería que pasamos por alto: al final del día todos conflictos electorales y políticos han sido conducidos por los canales institucionales por las partes involucradas (llámese Instituto Federal Electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suprema Corte de Justicia, etc).

Indudablemente, promover y fortalecer acciones para superar este desencanto tendrá que privilegiar sobre cualquier conflicto y diferencia, el respeto a los procedimientos e instituciones democráticas.

Sin embargo, este respeto a la institucionalidad solo será el contexto en donde se tendrán que gestar otras acciones de gran calado para pasar del desencanto pos-transición política hacia una valoración de los métodos democráticos, como:

1. Que las fuerzas políticas acuerden un proyecto de nación en donde se establezcan acciones concretas para empezar a atender la raíz de los problemas económicos y sociales de nuestro país. Difícilmente se logrará una consolidación democrática si se reduce el concepto de democracia al ámbito procedimental y electoral y no se incorporan en esta definición el ejercicio igualitario de todas y todos en cuanto al resto de derechos civiles, sociales y económicos.
2. No existe otro camino para recuperar la confianza ciudadana hacia los gobiernos democráticos y los procedimientos electorales de los que surgen sino hay generación de empleo, crecimiento económico y justicia social. México está urgido de una economía que crezca, que fomente el empleo formal, que abata las desigualdades y que realmente combata la pobreza.
3. Asimismo, se tiene que generar los espacios y mecanismos que faciliten la participación de la sociedad civil en el proceso de toma de decisiones de quienes participan en los diferentes cargos de Gobierno de tal forma que transitemos de la ciudadanización electoral a la ciudadanización como forma de gobierno y hacer un co-gobierno: Estado y Ciudadanía. De esta forma, la Reforma Política tendrá que incorporar conceptos como reelección, iniciativa ciudadana y otras formas de participación directa.
4. La transición cultural democrática de los partidos políticos y las élites políticas ha sido más lenta con respecto a la modificación de las normas institucionales. Es menester generar incentivos institucionales para acelerar y fortalecer las prácticas democráticas al interior de los partidos así como los procedimientos sancionadores efectivos que castiguen las reincidencias antidemocráticas y la concentración del poder político y que sean ejecutados por órganos autónomos e independientes del Poder Legislativo y del Ejecutivo tanto en sus decisiones, como en su conformación y presupuesto.
5. Es importante superar la parálisis legislativa producto de que con el actual Sistema Electoral difícilmente se logran mayorías parlamentarias. En este sentido, es importante poner a la mesa del debate las posibilidades de un régimen presidencial por uno que refleje la pluralidad política y social que deberían cohabitar en el país, como un régimen parlamentario. Será un activo importante para el país asimilar que México ya es una sociedad plural y que tenemos la obligación de aprender a vivir y a convivir con la pluralidad y que no hay mejor espacio y ejemplo hacia la sociedad de esta convivencia plural que en las máximas tribunas de debate: el Congreso de la Unión y los Congresos Locales.

El desencanto de la democracia tendrá que ser visto como un reto más en el camino de la consolidación de nuestra incipiente democracia y no como una oportunidad para gestar la tentación de retroceder hacia regímenes autoritarios bajo la ilusoria premisa de desarrollo económico y bienestar social.

Si bien los sistemas democráticos han estado sujetos a constantes revisiones y críticas, antes ver esto como una deficiencia tendrá que ser visto como una de sus fortalezas. Un sistema de gobierno que permite el espacio para la crítica, la revisión y el espacio para su propia reconstrucción y transformación tiene que ser un sistema mejor apreciado que uno que no admite señalamientos y se adjudica una sola “verdad incuestionable” como los sistemas autoritarios.

En el reto del desencanto de la democracia tendremos que participar todas y todos: ciudadanía y personas integrantes de los órganos del Estado. El Estado tendrá que generar los espacios y procedimientos para empoderar a la ciudadanía en su papel de observar, vigilar, acceder a la información pública y exigir rendición de cuentas hacia las personas gobernantes.

La ciudadanía, por su parte, tendrá que sumarse a través de las distintas formas de participación ciudadana puesto que en el camino de la consolidación de nuestra democracia inevitablemente tendremos que transitar hacia una ampliación de los derechos humanos (civiles, políticos, económicos) hacia todas y todos , sin distinción, porque solo así, y no de otra manera, podremos empezar a hablar del inicio de las soluciones a los graves problemas de pobreza, marginación y desigualdad que aquejan al país y potencian la detonación de otros males como la inseguridad, el narcotráfico y el crimen organizado.

Luisa Rebeca Garza López

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