Participación política de la mujer, parteagüas en la ampliación de la ciudadanía y de los derechos en México


“A lo mejor la que da la cara, la que habla, es Eufrosina. Pero alrededor mío, está el rostro de esas mujeres allá en la montaña, esas mujeres invisibles que hoy más que nunca quiero que sean visibles”

Eufrosina Cruz en el documental “Las Sufragistas”

 

La consolidación de la democracia mexicana tendrá que pasar por la ampliación del concepto de ciudadanía de tal forma que todas las formas de ser y expresarse, como seres humanos, tengamos un espacio reconocido y respetado para participar en el debate de la agenda pública y en la construcción del proyecto de nación que nos asegure la mayor amplitud de derechos humanos y de bienestar social y económico.

Lo anterior requerirá el reconocimiento explícito de los derechos humanos, civiles y políticos de todas las identidades sexogenéricas diferentes al centro masculino y heterosexual: las mujeres cisgenéricas, las mujeres indígenas, las personas homosexuales, las personas transexuales y transgenéricas, las personas intersexuales, y las personas con alguna discapacidad, por mencionar algunos sectores históricamente vulnerados y violentados en el ejercicio de sus derechos fundamentales.

Y, finalmente, el reconocimiento de estos derechos humanos, civiles y políticos tendrán que garantizarse y protegerse mediante la incorporación urgente y necesaria de leyes y normas que reconozcan, en primer lugar, el derecho a tener representación en dichos espacios sociales y políticos; en segundo lugar, en políticas públicas que aseguren, garanticen y protejan el acceso a las mismas oportunidades para desarrollarse plenamente como seres humanos; y, en tercer lugar,  en acciones afirmativas temporales que se traduzcan en espacios sociales y políticos verdaderamente plurales, diversos, de diálogo, de respeto y enriquecimiento mutuo, efectivamente representativos de la sociedad mexicana.

En este sentido, la historia de la participación política de las mujeres mexicanas me parece importante por diversas razones:

  • Es el movimiento mexicano más numeroso y organizado a favor de la lucha por la ampliación del tradicional concepto de ciudadanía.
  • Es el movimiento a favor del reconocimiento de un derecho fundamental más exitoso en la historia de la democracia mexicana, como lo fue el sufragio en sus inicios y lo fue la emancipación de la mujer posteriormente, cuyo impacto se ha traducido en la modificación o promulgación de leyes desde la Carta Magna hasta Constituciones locales y leyes secundarias así como en la creación de órganos con agendas políticas propiamente femeninas como los Institutos de la Mujer.
  • Y, no menos importante, el movimiento feminista a favor de la participación política de la mujer ha sido punta de lanza en la reconfiguración de la forma en cómo nos relacionamos hombres y mujeres, tanto en el espacio público como el privado.

La evolución de la participación política de la mujer mexicana representa un legado valioso cargado de enseñanzas y aprendizajes para la inacaba tarea hacia la paridad sustantiva en los espacios sociales y políticos,  para seguir pugnando por atacar el retroceso vivido en los últimos doce años en cuanto a las libertades sexuales y reproductivas y, me atrevería a agregar, para el reconocimiento de los derechos civiles y políticos de las diversas identidades y orientaciones sexogenéricas.

Los principales argumentos usados durante la primera mitad del siglo XX para negar el derecho a las mujeres a la participación política eran producto de considerar al hogar el espacio natural de la mujer y la procreación su principal función social, es decir, la diferencia genital determinaba el acondicionamiento cultural para asignar un espacio social así como negar derechos políticos como el voto pero también libertades básicas como el acceso a goce sexual y al amor.

Este constructo monolítico cultural de ”ser mujer” se tradujo en normas sociales y culturales que a la postre devendrían en leyes y reglamentos que no sólo convertirían el espacio doméstico como el obligatorio de la mujeres sino que incluso prohibirían por mención u omisión la posibilidad de acceder a otros espacios como los educativos, los económicos y, obviamente, los políticos.

Si bien, en México aún nos falta mucho por avanzar para lograr una participación paritaria en el terreno político aún se escuchan voces que enarbolan la bandera de la protección de la familia (tradicional, por supuesto), y señalan el riesgo al que se expone la procreación  de la especie así como la sana crianza de las futuras generaciones por el hecho que las mujeres accedan al trabajo, accedan a los espacios políticos donde se toman las decisiones que afectan a toda la sociedad, y accedan al control y disfrute de su cuerpo.

Justamente son los mismos argumentos por los cuales, por siglos, se ha obviado y negado derechos fundamentales a las personas homosexuales, lesbianas, transexuales, transgénericas e intersexuales. Hablo del derecho a decidir sobre el propio cuerpo, el derecho de gozar con una identidad legal acorde a la identidad genérica, el derecho a recibir educación, el derecho a un trabajo, el derecho a contraer matrimonio civil y el derecho a participar en los espacios políticos.

La organización de las mujeres en diferentes movimientos, frentes y encuentros durante la primera mitad del Siglo XX fue una inercia de los movimientos sufragistas femeninos, principalmente de Estados Unidos y Europa. Fueron las mujeres de las clases más privilegiadas, con mayor acceso a la educación y cercana a los círculos de poder hegemónicamente masculinos como Hermila Galindo cercana de Venustiano Carranza y Elvia Carrillo Puerto hermana del entonces Gobernador de Yucatán, Felipe Carrillo Puerto, las primeras impulsoras del voto femenino. Y como precursoras se encontraron también con el rechazo y la indiferencia de quienes concentraban el poder político.

Como señala María Luisa Tarres, el patrón predominante de la construcción de la ciudadanía en América Latina ha sido por la decisión de élites que por vía autoritaria otorgaron el reconocimiento de  los derechos.

Ciertamente, la precursoras del voto femenino mexicano supieron jugar las dos principales dimensiones por las que se construye la ciudadanía: mediante la presión social, como grupo excluido del poder político, a través de los históricos  Encuentros Feministas a favor del sufragio y las Ligas de Orientación Femenina a favor de la equidad de salario y el Frente Único  Pro Derechos de la Mujer; y al mismo tiempo, cercanas al régimen político de entonces en donde el corporativismo y el populismo seguramente fueron factores que incidieron en las decisiones del “Ogro Filantrópico”, como alguna vez llamó Octavio Paz al régimen político hegemónico.

Hoy en día, la participación de la sociedad civil, especialmente a través de los organismos de la sociedad civil (OSC) así como el uso de los instrumentos y acuerdos internacionales a la luz de la reforma constitucional de junio de 2011, se convierten en una nueva dimensión para la ampliación del concepto de ciudadanía en México, con las siguientes tareas ciudadanas a ser atendidas:

  1. Evitar el retroceso en materia de derechos humanos. A tres meses de iniciado el actual sexenio peñista (2012-2018), la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional ha presentado una iniciativa de modificación a los artículos 1 y 133 de la Constitución para revertir las reformas de junio de 2011, que elevaron los tratados internacionales en materia de derechos humanos al rango de “normas supremas”, es decir, al mismo nivel de la Constitución y por encima de las leyes generales, federales y locales.
  2. Exigir y dar seguimiento a los tres niveles de gobierno la aplicación de  los pactos, convenios y tratados internacionales suscritos y ratificados por México como la “Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer” (CEDAW) de 1979, la “Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer” o “Convención Belém Do Pará” de 1994, el “Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer” de 1999, “Convenio Internacional del Trabajo No. 111 relativo a la Discriminación en Materia de Empleo y Ocupación” adoptado en Ginebra, el 25 de junio de 1958, la “Convención internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial”, la “Convención I      nteramericana para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad” entre otros muchos tratados y convenios firmados y ratificados por el gobierno mexicano.
  3. Exigir ante la Secretaría de Relaciones Exteriores o la Comisión correspondiente del Senado la firma y ratificación de otros acuerdos o convenios internacionales que fortalecen derechos fundamentales y amplían el ejercicio de la ciudadanía como: Los principios de Yogyakarta sobre la Aplicación del Derecho Internacional de Derechos Humanos a las Cuestiones de Orientación Sexual e Identidad de Género que marca los estándares básicos para que las Naciones Unidas y los Estados avancen para garantizar las protecciones a los Derechos Humanos a las personas LGBT (lésbicas, gays, bisexuales y transgenéricas) o la Declaración sobre orientación sexual e identidad de género de las Naciones Unidas, entre otros.

Lo anterior, generará el marco jurídico a través del que los diferentes órganos del Estado en coordinación con los Organismos de la Sociedad Civil podrán traducirlos en acciones concretas que poco a poco irán modificando la cultura machista, misógina, heterocéntrica, clasista, etc., en una cultura plural, diversa, respetuosa, incluyente y cooperativa, como lo demuestran los siguientes cuatro factores que han sido pieza clave en la participación política de la mujer recientemente:

  1. Burocracia a favor de los derechos de la mujer: Como la creación del Instituto Nacional de las Mujeres y de los Institutos locales de la mujer que son las instituciones gubernamentales que establecen las políticas públicas de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres a través de la institucionalización y transversalización de la perspectiva de género en las acciones del Estado mexicano. Al respecto habría que pugnar por la separación de entidades de esta naturaleza de los intereses del gobierno en turno, es decir, que la persona titular no sea elegida por el Poder Ejecutivo sino que sea elegida por mayoría absoluta por el Legislativo y con una amplia participación de un consejo ciudadanizado.
  1. Financiamiento etiquetado para la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres. A partir de 2008 se estipuló en la ley la obligación del Ejecutivo Federal de etiquetar estos recursos del Presupuesto de Egresos. Se considera una herramienta fundamental para asegurar recursos, garantizar acciones y programas favorables partiendo que el gasto público será un instrumento para alcanzar una sociedad más igualitaria. De 2009 a 2011 se etiquetaron 49.7 millones de pesos para el IFE y el TEPJF, sin embargo, la asignación de recursos no ha sido constante en el tiempo e incluso ha llegado a disminuir debido a la falta de candados en la materia de permanencia de recursos y la falta de mecanismos claros de diseño, implementación y monitoreo.

 

  1. Cuotas: que son acciones afirmativas temporales recomendadas por organismos internacionales como la CEDAW para eliminar las múltiples formas de discriminación que sufre la mujer para acceder a los espacios políticos así como eliminar las consecuencias negativas y complejas que derivan de esto. En este sentido, la historia de las cuotas de género en materia política inician en 1996, con la reforma al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE) que estableció la obligación de los partidos políticos de garantizar en sus estatutos una cuota mínima del 30% de las candidaturas. Posteriormente, en 2008 se implantó la obligación a los partidos políticos de promover en su declaración de principios la igualdad de oportunidades y equidad entre hombres y mujeres; que el registro de candidaturas de diputados y senadores plurinominales tuviera al menos el 40% de candidatos propietarios de un mismo género, procurando la paridad, con la excepción de las candidaturas de mayoría relativa que surgieran de un proceso de elección democrático, de acuerdo a sus estatutos (esto es muy importante resaltar por las consecuencias que se derivarían de esta disposición); las listas de Representación Proporcional se integraron por segmentos de cinco candidaturas, dos de las cuales serían de género distinto de manera alternada, y quedó instituido que los partidos deberán destinar 2% de su financiamiento público ordinario a la capacitación, promoción y del liderazgo político de las mujeres. Finalmente, derivado de una sentencia sin precedentes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), de la que se hablará más adelante, la reforma electoral de 2012 se establece la cuota en 50% tanto en propietarios y suplentes, para poner fin a la práctica de registrar mujeres propietarias y hombres suplentes, como sucedió en las elecciones de 2009 que se les conoció como “Juanitas” o “Diputadas Taxi”. Esta reforma entrará en vigor en las elecciones de 2015. Al analizar la participación de la mujer en la integración de la Cámara de Diputados y Senadores a lo largo de la historia democrática es evidente el aumento notable a partir justamente de 1996, pasando de la Cámara de Diputados a nivel federal del 6% en el periodo de 1952-1955 al 28% en el periodo de 2009-2012, y, en la Cámara de Senadores, se registran avances más sustantivos pasando de un 3.4% en 1964 a un 22.7% en 2006.
  1. Sororidad y solidaridad: como práctica intelectual y política entre mujeres, incluso de diferentes partidos políticos, para materializar acciones específicas al percibirse como iguales que pueden aliarse para cambiar ciertas realidades que niegan o dificultan el acceso a la igualdad de oportunidades políticas, mismas que se han traducido en observatorios electorales y en la exigencia del cumplimiento a la ley y que han demostrado excelentes resultados.
  1. Observatorios electorales: como parte del ejercicio de la contraloría ciudadana en donde se monitorea la incorporación de la perspectiva de género en cada una de las etapas electorales de acuerdo a lo que marca la ley. Asimismo, tienen la gran área de oportunidad en el tema de sensibilizar a los partidos en la importancia de la promoción y la capacitación del liderazgo político de las mujeres haciéndoles consciente que en estos esfuerzos se deben sumar las mujeres alejadas de los centros económicos y políticos como mujeres de zonas rurales cuyo costo para capacitarse siempre es más alto así como la importancia de informar a las mujeres militantes que existe un presupuesto, que corresponde al menos al 2% del financiamiento público ordinario que reciben los partidos políticos
  1. Exigir el cumplimiento de la ley: durante las elecciones de 2012 las ciudadanas María Elena Caha Hernández, María de las Nieves García Fernández, María Cruz García Sánchez, Refugio Esther Morales Pérez, Roció Lourdes Reyes Willie, María Fernanda Rodríguez, María Juana Soto Santana, Martha Angélica Tagle Martínez, María de los Ángeles Moreno U. Riegas, integrantes de diferentes partidos políticos, impugnaron el acuerdo CG327/2011del Consejo General del IFE que establecía los criterios para el registro de candidaturas. Esta impugnación derivó en la histórica sentencia SUP‐JDC‐12624/2011 del 30 de noviembre de 2011 que obligó que se cumpliera la paridad 60/40, eliminando la excepción del cumplimiento de la cuota de las candidaturas de mayoría relativa que surgían de un proceso de elección democrático y en la jurisprudencia del 6 de junio de 2012 que obligó que las candidaturas propietarias y suplentes fueran del mismo género para las candidaturas de las Cámaras de Diputados y Senadores de ambos principios. Esta sentencia tuvo una clara repercusión en la composición del Congreso Federal que fue electo en julio de 2012. Actualmente las mujeres representan el 36.6% de la Cámara de Diputados y 23.2% comisiones ordinarias y 32.1% comisiones especiales son  presididas por Diputadas. Con respecto a la Cámara de Senadores las mujeres representan el 33.6%, y 30.6% comisiones ordinarias y 42.9% comisiones especiales son presididas por Senadoras.

Considero que estos cuatro factores, especialmente el cuarto, serán de vital importancia para que en los años siguientes se sigan avanzando en aumentar la participación política de las mujeres. Asimismo, creo que esta lucha genera la pauta para que otros grupos vulnerados en sus derechos humanos –como la diversidad sexual, las personas con discapacidad, las personas indígenas, entre otros- puedan sumarse en la tarea de trabajar por un México más incluyente e igualitario.

Sin embargo, aún falta mucho por hacer. Si los mayores avances en cuanto a la lucha por una sociedad más igualitaria se han logrado en el terreno de la participación política de la mujer, la agenda pendiente aún es grande, como a continuación se matiza:

  • Sólo han existido 5 candidatas a la Presidencia de la República Mexicana, y sólo una de ellas, Josefina Vázquez Mota por el PAN, con posibilidades de ganar.
  • Solo ha habido 6 Gobernadoras en el país, y 4 de estas 6 mujeres han sido dirigentes de sus partidos nacionales lo que evidencia su cercanía al poder.
  • Falta una mayor participación femenina en la Administración Pública Federal. De 1980 a 2013 sólo han existido 26 Secretarías de Estado quienes han estado asignadas principalmente a áreas de Desarrollo y Previsión Social, Educación, Cultura o Instituto de la Mujer, Turismo, entre otros.
  • Falta democratizar los procesos internos de los partidos políticos y transversalizar la perspectiva de género en todas sus decisiones y en la conformación de su estructura. Los partidos políticos son los entes que más se resisten en su vida interna a una participación igualitaria entre hombres y mujeres, especialmente en las dirigencias. La promoción del liderazgo político de las mujeres en estos espacios se vuelve relevante y de suma importancia.
  • El ámbito municipal es el ambiente más adverso para la participación política de la mujer. En 25 años, solo se ha incrementado en 3% las presidencias encabezadas por mujeres. De 2440 municipios y 16 delegaciones en el país, sólo 156 fueron presididos por una mujer en 2012 (6.8%). Si partimos que el municipio es la base de la relación entre ciudadanía y gobierno entonces el mayor reto a nivel país es aumentar la participación política de la mujer  en este espacio.

Lo anterior, hace evidente que la promulgación de nuevas leyes o la creación de nuevas burocracias será insuficiente para conformación de una verdadera cultura igualitaria sino va de la mano con una participación activa de la sociedad civil organizada que exija cuentas, que obligue a la transparencia de la información pública y haga uso de ella y, sobre todo, que denuncia el incumplimiento de las leyes en materia de igualdad y no discriminación.

A pesar de que la historia de la participación política de la mujer está inacabada y tiene aún enormes retos a vencer abre un parteaguas en el tema de la exigencia de derechos y marca la pauta a las luchas por la igualdad sustantiva y la no discriminación de otros grupos también históricamente olvidados y vulnerados.

Por Rebeca Garza

Fuentes:

Documental “Las Sufragistas”:

Parte 1: http://www.youtube.com/watch?v=eO6932vd8vI.

Parte 2: http://www.youtube.com/watch?v=VJ1vfs5PTXw

Parte 3: http://www.youtube.com/watch?v=iB-214fwt08

Parte 4: http://www.youtube.com/watch?v=MgYjmX9o4H8

Pactos, convenios y tratados internacionales suscritos y ratificados por México

http://www.cedhnl.org.mx/SECCIONES/transparencia/marcolegal/pactos.html

http://www.diputados.gob.mx/cedia/sia/spe/SPE-ISS-03-07.pdf

Principios de Yogyakarta:

http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/refworld/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=48244e9f2

INMUJERES:

http://www.inmujeres.gob.mx/index.php/ique-es-el-inmujeres/quienes-somos

“Mujeres, participación política en México 2012”, editado por el PNUD

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