La discapacidad intelectual en la ley electoral


LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL EN LA LEY ELECTORAL.

Por Luisa Rebeca Garza López

 

Hace unos días, leí el caso de José Alberto un joven que sólo tiene control de sus párpados y que logró en el pasado proceso electoral federal el compromiso del IFE de incluir en la capacitación de funcionarios de casilla un apartado en el que aprendan cómo asistir a las personas con discapacidad que deseen emitir su voto y cómo evitar prácticas discriminatorias durante el día de la jornada electoral (Ver https://readymag.com/animalpolitico/17193/).

 

El tema es relevante porque el artículo 266 del COFIPE, en su numeral 3 señala qué personas tienen acceso a la casilla. Mientras que los numerales 5 y 6 señalan quienes no pueden hacerlo. El artículo 5 señala lo siguiente: “En ningún caso se permitirá el acceso a las casillas a personas que se encuentren privadas de sus facultades mentales, intoxicadas, bajo el influjo de enervantes, embozadas o armadas”. Sin embargo, la ley nunca dice por qué razón se niega este acceso ni mucho menos establece a qué es una persona  privada de sus facultades mentales.

 

En términos de capacitación electoral, esta normatividad se refleja en el “Manual del Funcionario de Casilla” para el Proceso Electoral Federal 2011- 2012, por ejemplo, de la página 57 a la página 58, podemos encontrar una versión amigable de ese artículo 266 en el apartado “Quiénes no pueden entrar a la casilla”.

 

Es decir, tradicionalmente se ha dejado a discrecionalidad de cada presidente de mesa directiva de casilla que determine qué entiende por “persona privada con sus facultades mentales” así como a los Capacitadores-Asistentes Electorales, Supervisores Electorales y Vocales de Capacitación Electoral y Educación Cívica que trabajamos directamente en la capacitación electoral.

 

El debate radica en asumir que una persona con cierto nivel de discapacidad mental pudiera ser considerada como una persona privada de sus facultades mentales pero también se reconoce que hacer este diagnóstico es sumamente complejo.

 

He aquí el meollo del asunto y me parece que deberá ser analizado en su momento por las siguientes razones que necesariamente están vinculadas con el tema de derechos humanos y con las bases de un Estado Democrático Moderno:

 

  1. ¿Hasta qué punto quienes interpretan o hacen la ley siguen propagando estigmas propios de otra época hacia las personas con discapacidad mental o intelectual? Es decir, cada vez hay más casos de personas con diferentes tipos de discapacidad intelectual que con educación especial pueden estudiar, tener un empleo, y si así lo deciden casarse y/o tener hijos, es decir, vivir de manera independiente. Si existen personas productivas hacia la sociedad, capaces de tomar decisiones importantes en su día a día puesto que han vuelto de su discapacidad una condición humana más de su identidad como persona ¿por qué asumir / suponer que no pueden ejercer un derecho ciudadano cómo votar?
  2. Suponer que todas las personas con discapacidad mental no son capaces de razonar de manera objetiva y de comprender las consecuencias de sus propios actos me parece muy peligroso para el estado democrático que queremos construir. He escuchado el mismo argumento para negar el voto hacia las personas que no saben leer y escribir. Y este mismo argumento fue usado por muchos años para negar derechos a las mujeres, a la población indígena y a la población afrodescendiente en América durante los últimos 500 años.
  3. Hay que recordar el caso del joven que ganó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación reconociera que su discapacidad intelectual no sea un obstáculo para que sus decisiones fueran respetadas: http://www.animalpolitico.com/2013/10/la-corte-reconoce-derechos-de-un-joven-con-discapacidad/#axzz2nIgxWuYv.
  4. El caso, si bien se considera un gran avance en cuanto a los derechos de las personas con discapacidad intelectual no resolvió el tema que nos ocupa: dejó a discrecionalidad de un juez determinar qué derechos sí puede ejercer, y en este sentido volvemos a la pregunta inicial ¿qué es una persona privada de sus facultades mentales?

 

Estoy convencida que en algún momento habremos de superar ese ambiguo concepto puesto que contraviene los artículos 34 y 35 de la  Constitución Mexicana  que establecen los requisitos para ejercer la ciudadanía mexicana y sus derechos así como el artículo 6 del COFIPE que habla sobre los requisitos para el ejercicio del voto. Así mismo, el artículo 180 del COFIPE establece los requisitos para tramitar la credencial de elector (es decir, incorporarse al Padrón Electoral y a la Lista Nominal). En ninguna parte de estos artículos aparece una limitante para ejercer el voto y la ciudadanía por discapacidad mental o intelectual.

 

Entonces, si una persona con discapacidad mental o intelectual está en posibilidad de ir a un módulo de atención ciudadana y tramitar su credencial de elector con fotografía cumpliendo con toda la documentación que solicita la normatividad ¿por qué habrá de impedírsele el acceso a la casilla como lo señala el artículo 266? Sólo se me ocurre pensar en tales decisiones puedan estar basadas en 3 estigmas productos del prejuicio: que son personas violentas o peligrosas, que son débiles de carácter y que la discapacidad intelectual es algo equivalente a alguna enfermedad mental que merma la capacidad cognitiva.

 

A veces, el contexto histórico, social, cultural, económico o político pudiera hacernos creer que algunos temas no son válidos de ser discutidos dentro del contexto de los derechos humanos o incluso siquiera para ser reconocidos y respetados por la Ley.

 

Sin embargo, si partimos del hecho que cada institución pública basa su esencia en la protección o el fortalecimiento de un derecho humano y que estos derechos humanos tan ligados a la dignidad de la persona son imprescindibles para que todas los seres humanos podamos desarrollar nuestro potencial en plenitud, considero que nunca la discusión sobre estos asuntos será un tema de moda, frívolo, superficial o pasajero, sino todo lo contrario. Estas exigencias y discusiones son la materia prima de la que se alimenta la progresividad y la universalidad de los derechos humanos.

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