Feminismo y derechos políticos de las mujeres


El acceso al poder debe ser un medio para ampliar y garantizar derechos fundamentales de las mujeres.

El feminismo como teoría política y ética a favor de la igualdad y la libertad de las mujeres tendrá que ser una herramienta para que los logros en materia de derechos políticos de las mujeres se traduzcan en una real progresividad de los derechos humanos de todas las mujeres sin distinción. 

Se han logrado avances en la formalización de leyes que garanticen el acceso a las candidaturas a las mujeres mediante la paridad vertical y horizontal, tanto en la LEGIPE, la ley general de partidos políticos como en los lineamientos que han emitido tanto el IEEPCO como el Consejo General del INE.

El propio INE, antes IFE, ha hecho avances en materia de garantizar los derechos políticos de las mujeres: desde el año 2012 se han conformado consejos distritales y locales paritarios y plurales en todo el país; en el año 2014 se realiza el concurso público sólo para mujeres para ingresar al Servicio Profesional Electoral; ha generado lineamientos para el ejercicio correcto del gasto ordinario de los partidos políticos para la promoción del liderazgo político de las mujeres; ha establecido metodologías objetivas e imparciales para garantizar el acceso a la cuotas de género, antes, y a las candidaturas paritarias actualmente, entre otras acciones.

Es importante no perder de vista que el avance de los derechos políticos de las mujeres ha sido una premisa del feminismo por 300 años. Es un logro como también lo fueron el acceso al voto (en muchos lugares de México), a la educación, al empleo, entre otros derechos.

No hay que olvidar el legado del feminismo que ha acuñado conceptos como patriarcado como sistema estructural de dominio masculino para subordinar a las mujeres y el concepto de género como estructura de poder que han servido para identificar desigualdades históricas y atemporales a las que han sido objeto las mujeres y que han justificado la implementación de acciones afirmativas como, originalmente las cuotas de género y ahora la paridad de género.

Por cada avance en materia de derechos de las mujeres ha habido una reacción del sistema que busca mantenerse y legitimarse a sí mismo.

Desde la violencia simbólica que responsabiliza únicamente a las mujeres de los trabajos reproductivos y de cuidados a través de la perpetuación de los arquetipos de la “madre abnegada”, la “esposa sumisa” y la “hija obediente” quienes deben cargar con la supervivencia de la célula familiar y las tradiciones comunitarias y ancestrales así como la absurda idea moderna de la “súper mujer”, que sugiere se puede ser madre, esposa, trabajadora y tener una vida política activa, invisibilizando de esta forma las relaciones inequitativas en tareas y responsabilidades desde el entorno familiar.

Hasta otras formas de violencia que reducen los espacios para el desarrollo igualitario de las mujeres con respecto a los hombres: como la feminización de la pobreza que vulnera derechos elementales y que se creían superados como el acceso a la salud desde la infancia y la mortalidad materna; el acoso escolar, el callejero y laboral que sucede día con día bajo la indiferencia, en incluso complacencia, de las instituciones; la violencia familiar tolerada en el entorno social por el mito del “amor romántico” que todo lo puede y todo lo soporta hasta que la mujeres son asesinadas; la violencia en los medios masivos de comunicación que propagan los estereotipos de la “mujer objeto” hipersexualizando sus cuerpos y minando la autoestima desde la infancia; hasta la violencia sexual y feminicida y las desapariciones de niñas y mujeres que alimentan las fauces de una nueva esclavitud sexual producto de la abominable combinación de corrupción de algunas autoridades e impunidad del crimen organizado.

No puedo dejar de mencionar tampoco otras formas de violencia en donde se niega el derecho de las mujeres lesbianas por el reconocimiento jurídico de su unión así como el disfrute de las prerrogativas por no someterse a la heteronorma; a las mujeres transexuales y transgénero a quienes el Estado y las legislaturas siguen negando el reconocimiento jurídico a la identidad de género cerrando de tajo el ejercicio básico de la ciudadanía y a otros derechos fundamentales como el trabajo y la educación; al sometimiento de los derechos de las mujeres de los pueblos originarios o afrodescendientes en México a la narrativa de las tradiciones como símbolo identitario; entre otros grupos de mujeres históricamente oprimidas.

En el ámbito político, las mujeres candidatas han compartido diferentes experiencias que dan cuenta de formas de violencia con el objeto de limitar el ejercicio de sus derechos políticos y se le ha denominado “Violencia política”: desde la negación de la candidatura porque “no hay perfiles” o porque simplemente “ellas no quieren”; la asignación a circunscripciones perdedoras; la limitación de los recursos públicos para realizar campañas de la misma forma que la realizan sus compañeros candidatos; el descrédito de los propios medios masivos de comunicación que posicionan a las candidatas a partir de su imagen y sus relaciones cuestionando sus capacidades; e incluso, el asesinato.

Si bien, la violencia política recientemente ha sido incorporada en la normatividad local de Oaxaca hay que tener presente que los cambios legales no generan inmediatamente cambios sociales y culturales sin el estricto cumplimiento de estas leyes de parte de las autoridades, como hemos visto ha sucedido con la violencia feminicida que en el país sigue aumentando.

Por otra parte, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) habla de ciudadanía integral como el acceso armonioso de los derechos cívicos, sociales, económicos y culturales de forma indivisible y articulada.

¿Se puede hablar que las mujeres en México y en Oaxaca tenemos condiciones para ejercer una ciudadanía integral de acuerdo a la definición del PNUD?

En un contexto generalizado de violencia hacia las mujeres que tienen el efecto de anular o disminuir el ejercicio y disfrute de derechos, no podría contestar afirmativamente esta pregunta.

El acceso a candidaturas paritarias tanto verticales como horizontales son un gran logro para superar los obstáculos estructurales para que las mujeres puedan acceder al ejercicio del poder, el desafío será ejercer esos espacios de poder para favorecer el avance progresivo de los derechos humanos de todas las mujeres, independientemente de la creencia religiosa, la clase social, la raza, la orientación sexual y la identidad de género.

Aunque esta responsabilidad recae en todas las personas que ejercen el servicio público o algún cargo electo popularmente, la historia nos ha demostrado que quienes gozan de los privilegios de género difícilmente promoverán los cambios estructurales que se requieren para alcanzar el ideal de la igualdad y el ejercicio de la libertad para todas las mujeres.

Por esa razón recupero el legado del feminismo bajo los principios de igualdad y libertad. Estos, junto con una ética pública basada en derechos humanos universales deberían ser la guía de las futuras legislaciones y políticas públicas.

Luisa Rebeca Garza López

Lectura presentada en el II Congreso de las Mujeres Oaxaqueñas de 2016

  
  

Anuncios

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s