Cuento “Niña Bonita” de Ana María Machado


Ediciones Ekaré y tomado de la página de facebook Extremo Tapachula.

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Rebeca Garza: Largo tránsito hacia la aceptación personal, social y política


Tomado de: http://caracolasfem.blogspot.mx/2015/07/rebeca-garza-largo-transito-hacia-la.html

Discriminación, marginación y segregación algunos de los muchos riesgos en su vida

Luisa Rebeca Garza López es simplemente mujer, pero es una mujer que ha luchado para ser reconocida social y legalmente como tal. Nació niño pero desde siempre supo que era una niña, si jugaba con sus hermanos (todos varones) ella quería ser la mamá. Más tarde recibió recomendaciones sobre su forma de hablar y expresarse y ella no entendía por qué ni supo nunca como cambiar. Era ella y punto.

Si la homosexualidad estuvo patologizada hasta el 2009, la identidad trans sigue clasificada como una enfermedad mental. Eso ha provocado que el proceso legal de rectificación sexo-genérica sea un tortuoso camino, que en algunos casos puede llevar años, en otros meses e increíblemente semanas, pero nunca nada es de un día para otro.

Rebeca Garza da su propia definición y dice que las personas trans son aquellas cuya identidad de género no esta alineada a su identidad socialmente asignada. Trans, añade, etimológicamente significa del otro lado, del otro lado de tu género socialmente asignado.

Las otras y los otros se consideran “normales”, pero apunta que cuando alguien nombra la diferencia generalmente es para generar una superioridad con respecto de un grupo. De ahí que “las otras personas”, llamadas cisgénero o cisexuales,  consideren que ser diferentes es estar enfermo o ser inferior, porque el sistema cultural producto de un sistema patriarcal ubica a reconoce solamente entre hombre o mujer y no da cabida a nada más, un sistema binario muy criticado.

La transexualidad es no sólo un asunto de identidad sexual, también es una identidad política. Tenemos la certeza de ser hombres o mujeres porque así nos percibimos y como cada grupo de personas tenemos necesidades específicas como grupo como las tienen las campesinas, las indígenas…y también compartimos coincidencias entre todas porque somos mujeres, no pertenecemos a otro grupo.

Rebeca Garza confía en que la integración de las mujeres trans como grupo de mujeres sea menos difícil en el futuro ya que habrá una nueva generación que van a crecer con mujeres y hombres trans desde la infancia, como sucede ahora con los gays y lesbianas. Es generacional, apunta y pone como ejemplo el hijo trans de los afamados actores Angelina Jolie y Brad Pitt.

Aunque para muchas mujeres, Garza ha “gozado de los privilegios del patriarcado por haber nacido hombre”, lo cierto es que no ha sido así, señala quien a lo largo de la entrevista muestras los diversos momentos y situaciones de discriminación, marginación, hostigamiento y rechazo que ha sufrido por sentirse diferente, por ser reconocida social y legalmente como una mujer más.

Su padre, médico de profesión, supo que algo hacía diferente a su hijo. Entonces le contó la forma en que son discriminados los gays, porque asumía que su hijo era gay. No tenía ni 10 años cuando encontró en un libro de endocrinología la palabra transexualidad y al leer la breve descripción supo que era la suya. Entendió por qué sus referentes eran figuras femeninas, como Sor Juana Inés de la Cruz o Alfonsina Storni, dice Garza quien transitó a lo largo de su vida entre personalidades de apariencia gay, andróginas y trans.

Recuerda divertida que alguna vez, en un momento de su proceso de transición, las personas pensaron que ella era mujer y que pretendía ser hombre. Lo que sí tuvo claro un día era que no quería borrar su historia ni a la persona que fue antes de asumirse legal y socialmente como Rebeca, nombre que obtuvo de un maestro que la nombró como tal en honor a una de las hijas de Rita Hayworht. Esa, dice, es la verdadera transición, mas allá de las hormonas y cirugías, lo más importante es la autoaceptación y el reconocimiento.

Fue a los 26 años cuando conoció la página web mexicana denominada Disforia de Género, término con el que se patologiza la identidad trans, así conoció la historia de otras mujeres y hombres trans que ya habían demandado al Registro Civil para rectificar sus actas de nacimiento, lo cual implicaba términos costosos y la gran mayoría humillantes por parte de jueces y juezas. Semanas más tarde, conoció al psicoterapeuta sexual David Barrios quien le daría acompañamiento a su proceso de transición.

Lograr el cambio de nombre y sexo en su acta de nacimiento requería de un perito que determinara que la persona tenía disforia de género, en otros países todavía se solicita y en algunos estados de México es un trámite imposible, es decir, se considera que si pides una reasignación sexo es necesario que un “experto diga que estás loquita y como no le podemos arreglar el cerebro, aceptamos que se modifique el cuerpo”.

Hoy, todavía es más común obtener estrógenos que andrógenos en una farmacia, lo cual, apunta está directamente relacionado con lo que la teórica feminista Beatriz Preciado llama el biopoder, el establecimiento de barreras o guardias que impiden el acceso a las terapias de reemplazo hormonal, a las cirugías, pero también que pretenden el control de las mujeres desde sus cuerpos.

Su habitación propia, como sostiene Virginia Woolf, la tuvo cuando entró a trabajar al IFE, lo cual logró mediante un concurso donde ni siquiera la habían visto lo cual le evitó ser discriminada de nueva cuenta al momento de pedir trabajo como ya le había sucedido antes. Además fue ese el escenario de su transición, cuenta como un Consejero Electoral la identificó como mujer siquiera necesidad de mayores explicaciones pero sí hubo necesidad de establecer dentro de la institución un protocolo de transición que se aprobó en 2010, sin duda, apunta que el IFE abrió brecha, porque hay trámites que se deben hacer desde las instituciones sin que tengan que pasar por las legislaturas, pero eso implicaría derrumbar miedos, temores y pisar callos. Lo cierto es que hay una inclusión y la gente entiende.

El cambio físico en su vida insiste es parte de la transición pero lo mas importante es asumir la nueva identidad, no es como lo asume la gente, “ya eres mujer u hombre porque ya te operaste”, pero hay quienes dicen que aunque te operes tus cromosomas son XX o XY, pero lo que no sabe la mayoría de la gente es que hay otras variantes genéticas y muchas podrían llevarse sorpresas si se hicieran estudios sobre sus cromosomas, dice Rebeca Garza. La razón de todo esto es porque determinamos a las mujeres y a los hombres  por sus características físicas, su expresión sexo-genérica y roles que desempeñan en la sociedad, nunca estamos verificando las entre piernas o los cromosomas para hacer estas identificaciones.

“Ese afán chingativo se llama cisexismo” y puede ir desde expresiones como las antes descritas o hasta prohibirte entrar al baño de mujeres o de hombres, según el caso; el cisexismo llega a ser tan grave como el hecho de castigar a una mujer trans recluyéndola en una cárcel de varones y también existen casos de transfeminicidio, cuyos asesinatos suelen ser mucho más violentos y que por lo general se clasifican como crímenes pasionales y no forman parte de alguna estadística sumando a esto la violencia de invisibilización.

En suma, apunta, aquí es donde entran las coincidencias con el feminismo, porque sufrimos la misógina, el cisexismo que equivale al sexismo pero de una forma que se considera falsa o artificial la identidad trans, la mal-generización que es decir “el transexual” a una mujer transexual por ejemplo, la hipersexualidad, la objetivación. Recuerda a otra teórica, Julia Serano, quien plantea que la identidad trans “pareciera que les da derecho a hablar de nuestros genitales”, un tema que se les pregunta a otras personas. Un ejemplo, apunta es cuando les hacen entrevistas y las tomas de video o las fotografías “fundamentales” se realizan cuando se maquillan, voluntaria o involuntariamente lo que quieren mostrar es “cómo tu género es artificial y te construyes a partir del maquillaje, la ropa…”.

El feminismo en su vida ha tenido mucho significado porque apunta que es gracias a esta postura política que se han abierto espacios que les permiten insertarse y generar políticas públicas que les garanticen las mismas oportunidades, como el reconocimiento a la identidad.

El tortuoso camino de los documentos

Luego de que Rebeca Garza obtuvo una sentencia judicial a su favor (expediente 677/11) en el juicio especial de levantamiento de acta por reasignación para la concordancia, sexo-genérica, es decir, que el Estado mexicano la reconocía como mujer de nombre Luisa Rebeca Garza López, inició el tortuoso camino de rectificación de sus documentos al enfrentarse a lo que ella considera eran verdaderos guardianes del patriarcado.

No tuvo mayor problema para la actualización de datos de la Cédula Única de Población ni tampoco con el Registro Federal de Contribuyentes, porque claro paga impuestos, porque la sentencia ordenaba la rectificación tanto del acta de nacimiento como estos dos documentos y los subsecuentes. Incluso su tarjeta de crédito también fue cambiada sin perder su historial crediticio, lo cual ocurrió en tres meses.

Sin embargo, su acta de nacimiento correcta la obtuvo dos años después, puesto que la primera versión no estaba bien ejecutada, y tras una larga aventura en su natal Veracruz, cuando ella residía en Mexicali, Baja California. La sentencia señalaba que la nueva acta debía ser sin anotación al margen y con un nuevo folio. Pero el Registro Civil de Veracruz no lo hizo de esa manera. Ella pensó que no habría problema.

Cuando trató de obtener la renovación del pasaporte con su nueva identidad sexogenérica se enfrentó a “un aparato burocrático cuadrado en la Secretaría de Relaciones Exteriores”. El titular de la delegación de Mexicali tenía como adorno en su oficina una enorme Virgen de Guadalupe y muy poca disposición. Por supuesto le dijeron que no se podía porque tenía anotación al margen y no tenía un nuevo folio.

Rebeca puso una queja ante la Comisión de Derechos Humanos de Baja California, quienes año y medio después le avisaron que la Secretaría de Relaciones Exteriores tenía razón, sin considerar que en ese periodo estuvo imposibilitada de salir del país, negándole su derecho al tránsito. Pero  le enviaron el expediente a la Contraloría veracruzana que en diciembre de 2013 le respondía vía telefónica que le darían seguimiento a su caso. Una sorpresa, dice Rebeca a quien le empezaba a cansar el papeleo y la insensibilidad del funcionariado.

La Contraloría ordenó al Registro Civil acatar la sentencia tal y cómo debía ser sino la jueza sería sancionada, en poco tiempo Luisa Rebeca tenía tras dos años su acta de nacimiento en las manos, enviada por el propio aparato gubernamental veracruzano.

Para enero de 2014, ya residía en Oaxaca, por lo que tramitó su pasaporte en las oficinas de la SRE con su nueva acta. Sin embargo, aunque esperaba que se la otorgaran como al resto de las personas el mismo día, su pasaporte fue entregado cuatro meses después, se trata –explica- de la criminalización de la identidad, pues consideraban necesario analizar mi trámite a pesar de llevar todos los documentos que se le habían originalmente solicitado.

Su acta llegó en enero de 2014 y finalmente el pasaporte lo tramitó en Oaxaca y la respuesta no fue la misma que al resto de la gente, que logra su pasaporte el mismo día que lo solicita.

El pasaporte de Luisa Rebeca fue entregado cuatro meses después. Sin duda, explica es una forma de criminalizar a quienes viven una  su reasignación sexo-genérica, “me dijeron que tenían que analizarlo porque si no después cualquiera que quisiera huir de la justicia se cambiaría de sexo, como si eso fuera pintarme el pelo”.

Finalmente, desde hace año y medio empezó uno de los trámites más importantes, el cambio de nombre y sexo en su título profesional como licenciada en Administración por la Universidad Nacional Autónoma de Nuevo León. Ella se convertiría en la segunda persona en logarlo en el país, aparentemente.

Debo ser paciente, aunque a veces pienso en lo tortuoso que ha sido todo esto, apunta la entrevistada, quien sostiene que su mayor anhelo es lograr el cambio de sus documentos para demostrar que sí es posible así como sensibilizar a las autoridades.

La reasignación sexo-género de Luisa Rebeca Garza López es sin duda un largo proceso que inició por su aceptación, que enfrentó la empatía humana, pero sufrió en carne propia la segregación, las sanciones sociales, el chiste fácil, la burla, el que se hable a sus espaldas, las calificaciones malgenéricas, la invisibilización y todo cuanto en México todavía representa ser diferente.

Por Soledad Jarquin Edgar

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Inclusión y diversidad: alcances de la participación y representación política de las poblaciones marginadas.


VIII FORO DE LA DEMOCRACIA LATINOAMÉRICANA

Inclusión y diversidad: alcances de la participación y representación política de las poblaciones marginadas.

https://youtu.be/nxD7PkhOH4U

(A partir de la hora 8 aparece esta sesión)

En el ejercicio de reflexionar y debatir sobre el funcionamiento del sistema democrático, pensando en los alcances y las representaciones políticas de las poblaciones históricamente marginadas, es importante tomar en cuenta desde qué posicionamiento personal se realiza esta lectura de la realidad social, es decir, tomar en cuenta qué privilegios son los que nos han permitido llegar a este momento y a este espacio para hablar de inclusión y diversidad y si, efectivamente, las voces de los grupos humanos históricamente excluidos están presentes y si se están siendo escuchadas.

Con el surgimiento y desarrollo de las ciudades y los gobiernos, los límites del concepto original de “ciudadano” se han ido expandiendo a partir del cuestionamiento tanto a la  validez y legitimidad de sus fronteras imaginarias como hacia las autoridades que las demarcaban y que han definido desde lo simbólico, lo social y lo legal quienes son libres y quienes no, quienes tenían raciocinio  y quienes no, quienes eran iguales y a quienes se les asignaría socialmente un lugar de subordinación y “natural” opresión, quienes son normales y “naturales” y a quienes se les relaciona con lo perverso, lo anormal, lo desviado y lo antinatural, quienes son sanos y a quienes se les nombrará con alguna de las múltiples  categorías  socialmente aceptadas de enferma o enfermo, por lo tanto, quienes son ciudadanos y quiénes no.

De esta forma, preguntaría ¿es posible enriquecer la representación política de las poblaciones marginadas manteniendo las mismas narrativas y estructuras sociales, económicas, políticas y legales? Si no es así ¿cuáles estructuras sociales, políticas y económicas mantienen leyes  e instituciones que otorgan mejores oportunidades a ciertos grupos mientras que se excluye directa o indirectamente a otros? ¿Y, finalmente, tendríamos la capacidad de llegar a acuerdos para modificarlas sabiendo que esto puede implicar la renuncia de algunos privilegios de ciertos grupos de población?

Luisa Rebeca Garza López

programa28sept

Tesis: “Violencias de género y participación política electoral de las personas trans* en México desde 1990 dentro del sistema electoral mexicano” por Rebeca Garza


Puede descargar la tesis en este enlace: 00_Violencias_genero_personas_Trans_JuL06 (C)

Las violencias de género que vivimos las personas trans suelen ser invisibilizadas en los discursos, los diagnósticos así como en las forma en que se construyen marcos jurídicos, normativos  e institucionales para propiciar espacios  y vidas libres de violencias.

En este trabajo se hace un ejercicio de visibilización al conceptualizar y dar nombre a las diferentes formas de violencia que vivimos las personas trans para, posteriormente reflexionar cómo estas formas de violencias están presentes dentro del sistema electoral mexicano y los medios masivos de comunicación, con el objeto de que las instituciones que le conforman –partidos políticos y autoridades electorales administrativas y jurisdiccionales- nos interpelen como ciudadanas y ciudadanos con los mismos derechos, no sólo de jure sino también de facto, especialmente en los contextos actuales de omisión legislativa de parte de los Congresos Federal y locales que, a excepción de la Ciudad de México, se niegan a reconocer en las leyes, el derecho al libre desarrollo de la personalidad que tenemos las personas trans, como el reconocimiento a nuestra identidad como puerta de acceso al ejercicio de otros derechos fundamentales.

La consolidación del sistema democrático mexicano no puede continuar avanzando sin reconocer que existimos grupos de personas que históricamente seguimos siendo invisibilizadas, violentadas y revictimizadas simbólica, social e, incluso, legalmente por las propias instituciones de nuestro sistema democrático mexicano.

INTRODUCCIÓN

En este trabajo, se ha pretendido poner en el centro y bajo la luz una de las corposubjetividades, aún hoy en día consideradas por muchas personas, como abyectas: las personas trans*.[1]

Ese lugar abyecto en el que somos ubicadas las personas trans* nos vuelven ininteligibles subjetiva, social y políticamente.

Por lo tanto, este trabajo pretende proporcionar elementos que abonen a su inteligiblidad repasando dos aspectos:

Que las corposubjetividades trans* y no trans*, todas, son socialmente construidas. Que no existe una identidad o un cuerpo que sea producto de la naturaleza, por lo tanto, deben ser leídos y posicionados en sus contextos sociales e históricos. Que dentro de esta construcción operan cotidianamente lógicas que buscan dar orden por medio de la clasificación y jerarquización a través de reglas que subordinan y excluyen para dar materialidad al cuerpo individual y colectivo (entre ellos las ideas de ciudadanía y Estado-Nación).

Que en este orden subjetivo, social y político participan diferentes formas de violencia que legitiman y perpetúan la exclusión de unos cuerpos con respecto de otros.

Se ha puesto especial atención en cómo participan en el ejercicio de la política y, por lo tanto, del poder las  tensiones entre las políticas de identidad de asimilación y de resistencia.

Como un ejercicio de visibilización se ha realizado una revisión histórica del surgimiento de las identidades trans* en sus dos narrativas principales: la identidad transexual y las identidades transgénero en un nivel general. Así como los riesgos de mantener fronteras entre las identidades travesti, transexual y transgénero.

Posteriormente, en la lógica de lo que “no se nombra no existe” se proponen una serie de conceptualizaciones de formas de violencia de género que padecemos las personas trans*. Daremos nombre a formas de violencias de género que ya existen, pero que son socialmente aceptadas, porque la única forma de erradicarlas es a partir de su reconocimiento. Estas formas de violencias, pueden presentarse en todos los contextos, por lo que el político-electoral no está exento sino que también tiene una participación importante en el grado de democratización de nuestra forma de gobierno y en la manera de vivir la democracia.

De esta forma, se reflexiona también sobre la importancia de reconocer que gran parte del ejercicio democrático ha sido androcéntrico y que, si el horizonte del ideal democrático es que todas las personas puedan ejercer efectivamente sus derechos políticos, es imperante que los trabajos alrededor de una mejora en la calidad de la ciudadanía reconozcan la verdadera protección y ejercicio de todos los derechos humanos. Es decir, la importancia de transitar de una ciudadanía minimalista a una integral requiere re-pensar a quienes siguen permaneciendo fuera del ejercicio de sus derechos fundamentales, entre estos grupos las personas trans*.

Por lo tanto, en la siguiente mitad del trabajo se ha buscado hacer un bosquejo muy general sobre la participación política de las personas trans* en México de 1990 hasta 2016, a partir de los siguientes cuestionamientos: ¿Las personas trans* son vistas y reconocidas por el sistema electoral mexicano, entendido en este apartado como partidos políticos y autoridades electorales administrativas y jurisdiccionales? ¿Existimos en sus registros históricos? ¿Existen acciones o políticas que se hayan realizado para garantizar nuestros ejercicios político-electorales?

Asimismo, se buscó recuperar la percepción de las personas trans* que han tenido experiencias en el ejercicio de sus derechos político-electorales ya sea como militantes o como personas candidatas. Ocho personas  trans* de diferentes partes del país participaron en una encuesta en donde compartieron sus percepciones sobre las diferentes formas de violencia conceptualizadas en su relación con los partidos políticos, con las autoridades electorales administrativas y jurisdiccionales y los medios de comunicación.

Si bien, la muestra no es representativa ni los resultados son concluyentes se propone como un primer ejercicio para medir percepciones de violencias de género hacia las personas trans* por parte del sistema electoral mexicano. Los resultados abren la ventana para profundizar más sobres estas formas de violencias de género en éste y otros contextos.

Y, con el objeto de profundizar un poco más en la forma en que las personas trans* ejercen sus derechos políticos-electorales, se presentan dos entrevistas a dos mujeres trans* que fueron candidatas en procesos electorales locales de 2016: Jakelyne Barrientos, como candidata a una diputación local en el estado de Chihuahua y Rubí Suárez Araujo, candidata a regidora por el ayuntamiento de Guanajuato, actualmente en funciones. Es importante reconocer las contribuciones históricas de cada una puesto que Barrientos ha sido la primera candidata trans*  en Chihuahua mientras que Suárez no sólo ha tenido ese mismo logro histórico al ser candidata en el estado de Guanajuato sino que también se convirtió en la primera en ejercer el cargo, mismo que actualmente desempeña.

Como epílogo se recuperan, adicionalmente a las historias de Barrientos y Suárez,  breves historias de quienes han sido pioneras en la lucha por la participación política de las personas trans*: Amaranta Gómez Regalado, primera candidata muxe en la historia de México; Diana Bayardo, primera candidata trans* en el Estado de México; Samantha Fonseca, primera candidata trans* en la Ciudad de México; y Alondra Hernández, primera candidata trans* en Jalisco. Y, como una forma de visibilizar otras historias por el ejercicio de los derechos políticos electorales se presentan también las historias de Silvia Susana Jácome García y Diana Sánchez Barrios, la propuesta inconclusa y la lucha aún vigente por una candidatura, respectivamente.

El epílogo busca ser un primer ejercicio para recuperar las historias de personas trans* que han tenido el coraje y el valor de luchar por el ejercicio de derechos políticos en contextos violentos que no sólo nos sigue excluyendo sino que también  ha borrado sus aportaciones. Sus logros son tan importantes como en su tiempo lo fueron los del Hermila Galindo, Elvia Carrillo Puerto, Aurora Jiménez, entre otras.

Seguramente existen otros nombres y otras historias dignas de ser recuperadas, y también estoy segura que cada historia requiere mayores líneas por lo que este trabajo no espera ser ni exhaustivo ni final sino al contrario, desea poner en el centro y bajo la luz de los partidos políticos, las autoridades electorales la historia de quienes hemos sido silenciadas e invitar a otras personas –incluida la academia- a profundizar en sus vidas y en las formas de violencias que coexisten en el entorno social y político.

Finalmente, este trabajo propone que el reto de los sistemas democráticos modernos consiste en cuestionar periódicamente ¿quiénes siguen sin interpelación de parte del Estado? ¿quiénes aún siguen siendo ininteligibles dentro de las políticas que buscan generar mayores índices de bienestar e igualdad?

Por lo tanto, el desafío consiste en mirar no sólo hacia el centro sino a la periferia y hacia los límites de lo que consideramos válido y normal y que da materia a conceptos como ciudadanía. Es en esa frontera donde las mujeres, las personas indígenas y afrodescendientes han luchado por años y en la que, actualmente, nos ubican y desde la que luchamos las personas trans* y las personas migrantes, por ejemplo.

La búsqueda por la igualdad exige mirar hacia esas fronteras imaginarias  que legitiman la exclusión de un grupo de personas y, por supuesto, cuestionarlas.  Este trabajo invita a repensar y cuestionar la neutralidad  jurídica y política del sistema electoral mexicano hacia las personas trans*, invita a visibilizar las violencias de género que actualmente son socialmente aceptadas y jurídicamente legales y a reflexionar cómo nuestro sistema puede, efectivamente, ser democrático mientras se sigue excluyendo a diferentes grupos humanos en la lucha política por el ejercicio del poder.

Luisa Rebeca Garza López

[1] Para este trabajo se usará el apócope “trans*” como un concepto paragüas para abarcar aquellas identidades sexo-genéricas que no necesariamente se ubican dentro del binario hombre-mujer independientemente de la presencia o ausencia de los procesos quirúrgicos, hormonales e incluso legales que afirmen dicha identidad autopercibida. De igual forma, el asterisco (*) tiene el significado de dejar abierto este concepto para abarcar otras expresiones de pueblos originarios, locales y/o emergentes como aquellas que tienen fuertes intersecciones étnicas como las identidades muxe del Istmo o biza’ah de Teotitlán del Valle, ambas en Oaxaca, así como las adscripciones identitarias no asimilables a las ideas convencionales de masculinidad o feminidad. Si bien, el concepto transgénero o transexual tiene un origen moderno reciente y muchas personas muxe o biza’ah no se identifican con este concepto también es cierto que, producto de los efectos de la globalización, empieza a ser visible la emergencia de nuevas generaciones, principalmente muxe, con un discurso identitario transgénero o transexual. En ese sentido, el apócope trans* pretender ser un concepto abierto, amplio y fluido, y no limitativo, consciente de que los procesos sexo-genéricos de construcción identitaria son dinámicos y sujetos a complejos procesos históricos y socioculturales, tanto locales como globalizados. Esta propuesta es recuperada de los trabajos de Alba Pons Rabasa, de quien agradezco la sugerencia, quien a su vez lo retomó de Mauro Cabral  (Pons Rabasa y Garosi, Trans 2016). Por lo anterior, las observaciones o comentarios personales se harán en números al pie de página y no mediante asteriscos para no confundir a la persona lectora.

(D) Derechos de Autora en trámite.

@jessica_hg @Congreso63Oax Ponencia sobre matrimonio igualitario de Lic. Jessica Jazibe Hernandez


Comparto la ponencia realizada por Lic. Jessica Jazibe Hernandez en el Foro "Matrimonio igualitario e identidad de género" realizado el 8 de agosto de 2017 en el H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca:

Integrantes de la Comisión de Administración de Justicia de la Cámara de Diputados del estado de Oaxaca,
Diputados y Diputadas,
Representantes de los medios de comunicación,
Ciudadanas y ciudadanos
 
 
Buenos días a todos y todas:
 
 
Agradezco la invitación de la Diputada Hilda Graciela Pérez Luis, Presidenta de la Comisión, así como la gestión de su equipo de trabajo para hacer realidad este Foro.
 
Y sin mayor preámbulo me gustaría dar inicio, después de escuchar las valiosas aportaciones de las y los ponentes que me antecedieron, para lo cual, retomaré algunos antecedentes; me situaré en el año de 1857, año en que se promulgó la Constitución, de corte liberal en nuestro país, a diferencia de la que le antecedió en 1824, (que impuso la religión católica como oficial y conservó los fueros militar y eclesiástico).
 
La Ley Fundamental de 1857 fue de avanzada, al incluir la separación iglesia-estado, la prohibición de la esclavitud, la pena de muerte y la tortura, además la educación laica, razones por lo que esta Constitución encontró una fuerte oposición en los conservadores, como ustedes puedes ver, algo similar a lo que ocurre actualmente en el tema de Matrimonio Igualitario, Adopción, Reconocimiento de la Identidad de Género e Interrupción Legal del Embarazo.
 
Posteriormente, en el año de 1859, se promulga la Ley del Matrimonio Civil (como parte de las Leyes de Reforma), instituyendo el matrimonio como un contrato civil indisoluble que solo podía disolverse por un medio natural, es decir, por la muerte de uno de los cónyuges, por cierto aquí tenemos nuevamente otro término utilizado por aquellas personas conservadoras en contra del Matrimonio Igualitario, que hacen referencia a la cuestión natural.
 
De estos dos antecedentes jurídicos, tanto la Constitución de 1857 como la Ley del Matrimonio Civil de 1859, se desprenden dos aspectos sumamente importantes, primero, que el catolicismo no fuera reconocida constitucionalmente como la religión oficial y, segundo, la regulación civil del Matrimonio.
 
¿A qué me refiero con estos dos puntos? Que para tratar el tema de Matrimonio Igualitario debemos separar cualquier perspectiva o creencia religiosa, católica o no, del tal forma que debemos comprender que se trata de un acto jurídico, solemne e incluso como una institución jurídica, que para su validez no necesita en ningún momento del reconocimiento de religión alguna y mucho menos de una justificación “de la naturaleza” toda vez que el Matrimonio Civilen nuestro país, fue establecido hace Ciento Cincuenta y Ocho años, no desde que aparecieron Eva y Adán, no desde el nacimiento de religión alguna y por supuesto, no se trata de un hecho “Natural”.
 
Si separamos esas dos cuestiones, tendremos un panorama muy claro de que se trata la lucha de las personas que conformamos el Colectivo Lésbico, Gay, Bisexual, Transexual, Trensgénero, Travesti e Intersexual (LGBTTTI), por el reconocimiento del Matrimonio Igualitario y los derechos que se derivan de este Contrato Civil e iniciaremos con la discusión argumentativa, democrática, liberal  y de derechos humanos que realmente importa para el libre desarrollo de la personalidad y la dignidad de las personas con una orientación y/o identidad sexual diferente a la heterosexual.
Ahora bien, ya entrando en materia, tenemos que el 4 de marzo de 2010, entró en vigor la reforma al Código Civil del Distrito Federal, aprobada por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo y el derecho a la adopción.
 
Un año después, se publica la reforma Constitucional en materia de Derechos Humanos del 10 de junio de 2011, reforma que sin duda no solo reconoció la obligatoriedad de los derechos humanos en el Estado Mexicano, sino que cambió el Sistema Jurídico Mexicano, a través del Principio Pro Persona, la Convencionalidad, el Bloque de Constitucionalidad, así como el Control Concentrado y el Control Difuso de Constitucionalidad.
 
En pocas palabras, el Artículo 1º Constitucional reconoce a todas las personas el goce de los derechos humanos reconocidos en la Ley Fundamental y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, normas que deberán interpretarse favoreciendo en todo momento a las personas, es decir, con la protección más amplia.
 
Pero la redacción de este magnífico precepto no se queda ahí, va más allá al señalar la obligación para todas las autoridades dentro de su ámbito competencial, para “promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad…” y remata con la prohibición de toda discriminación motivada por las preferencias sexuales “o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.”
 
Después de leer parte del contenido del 1º Constitucional e incluso sin realizar un análisis profundo del tema que lamentablemente no da para una intervención de 20 minutos pero si para mencionar que la interpretación conforme debe atender a los derechos consagrados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, específicamente en su numeral 16, Convención Americana sobre Derechos Humanos, numerales 1, 2 y 24; Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, numeral 2 y, la Declaración de Naciones Unidas sobre la eliminación de la discriminación contra la mujer, entre otros instrumentos internacionales, queda claro que toda autoridad está obligada a respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de las personas, lo cual incluye el derecho a no ser Discriminada, a la Igualdad, a tener un nombre (en el caso del reconocimiento de Identidad Sexual), así como a contraer matrimonio y tener una familia con el goce de todos los derechos, incluyendo la Adopción –que por cierto, en la iniciativa de reforma no se incluye-.  
 
De tal suerte que, las autoridades del estado de Oaxaca están incumpliendo con su mandato constitucional, desde cada una de sus competencias y atribuciones, al no reconocer el derecho al matrimonio entre personas del mismo sexo y la adopción, con todos los derechos y obligaciones que de estos actos jurídicos se derivan.
 
Del mismo modo, el Poder Legislativo no está protegiendo ni garantizando los derechos fundamentales de las personas LGBTTTI, en virtud de que sus integrantes no ha reformado el Código Civil de la entidad, a pesar de que en junio de 2015, cuatro años después, la Cámara de Diputados reformó la Constitución Local, para armonizarla con la reforma de la Ley Fundamental del año 2011, reconociendo en el Artículo 1º de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, el goce de los derechos humanos reconocidos en la Constitución Federal, así como el de los tratados internacionales, el Principio Pro Persona y la prohibición de la restricción de los derechos humanos.
 
No puedo dejar de mencionar, la Sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Acción de Inconstitucionalidad 2/2010, referente a la reforma de los artículos 146 y 391, del Código Civil del Distrito Federal, por el reconocimiento del Matrimonio entre personas del mismo sexo y adopción por familias homoparentales, presentada por el entonces Procurador General de la República, quien defendió el matrimonio tradicional, en donde la Suprema Corte resolvió la validez de dichos preceptos legales.
 
Actualmente, diferentes personalidades como académicos, investigadores, activistas, litigantes, todas y todos ellos han contribuido desde cada una de sus trincheras en la lucha por la conquista de nuestros derechos civiles, mi reconocimiento para Alex Alí Méndez, Geraldina González de la Vega, Estefanía Vela y, especialmente a las y los ministros liberales de la Suprema Corte, a todos ellos Gracias.
 
Finalmente, una mención especial a las y los entonces integrantes de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, quienes en diciembre de 2009, aprobaron la reforma al Código Civil del Distrito Federal, en una demostración de la defensa de los derechos humanos de las personas LGBTTTI, garantizando el Matrimonio entre personas del mismo sexo y adopción por familias homoparentales, sin temor a una condicionante o prohibición de alguna institución religiosa o grupo social y si con la firme convicción de garantizar a todas las personas, el derecho a la No Discriminación, la Igualdad y la Dignidad Humana, reforma gracias a la cual personas con una preferencia o identidad diferente a la heterosexual hemos ejercido nuestro derecho a contraer matrimonio civil y disfrutar de los derechos y también cumplir con nuestras obligaciones, formando una familia homoparental.
 
Hago un llamado para que esta Legislatura Local apruebe la iniciativa que hoy se discute en este foro para el Matrimonio Igualitario incluyendo la adopción por familias homoparentales.
 
Gracias.

Sobre el reconocimiento legal a la identidad de género en Oaxaca (ponencia) en ‪@Congreso63Oax ‬


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Con respecto al debate alrededor al matrimonio igualitario y al derecho a la identidad de género en Oaxaca, considero que éste análisis debe incorporar las otras categorías de opresión que participan en la exclusión social de la población de la diversidad sexual en la entidad como son, por ejemplo, la categoría étnica, las barreras lingüísticas y el nivel socioeconómico.

De acuerdo al INEGI, el 34% de las personas mayores de 5 años hablan una lengua indígena y el 14% no habla español. Por otra parte, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) considera que Oaxaca tiene 62% de la población  viviendo en la pobreza con 3 millones de personas pobres (2 millones en pobreza moderada y 1.3 millones en pobreza extrema), además 7 de cada 10 personas carece de seguridad social, tiene un ingreso por abajo del salario mínimo y no tiene derecho al seguro social, a la vivienda y no está sujeta a crédito.[1]

Por otra parte, dado que no existen censos ni diagnósticos de la población de la diversidad sexual en México, no podemos analizar las cifras anteriores a partir de categorías como la orientación sexual, la identidad de género o la expresión de género, aunque documentos como el informe Violencia contra personas LGBTI de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dan cuenta de la violación sistemática y estructural a los derechos fundamentales de este sector de la población y que les recomiendo ampliamente recuperar.

Ante este escenario de carencias, hay que recordar que el artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce que la Nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas y, por su parte, el artículo 1 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca reconoce al estado como multiétnico, pluricultural y multilingüe.

Recordemos que de conformidad con los Principios de Yogyakarta, la identidad de género es “la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente profundamente, la cual podría corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo (que podría involucrar la modificación de la apariencia o la función corporal a través de medios médicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre que la misma sea libremente escogida) y otras  expresiones de género incluyendo la vestimenta, el modo de hablar y los modales”.

Todas las personas poseemos una identidad de género. Las personas cuya identidad de género no corresponde con el sexo asignado al nacer, generalmente nos ubicamos bajo el término paragüas de trans, abarcando con esto a las identidades transgénero, transexuales, travesti o no conformes con el binario de género hombre-mujer.

Siendo Oaxaca multiétnico y pluricultural, ha aportado al mundo una categoría identitaria única fuera del binario hombre-mujer e intersectada a su vez con la identidad étnica zapoteca como son las identidades muxe e ngui’u. Sin embargo, diversas personas muxe han denunciado la exclusión social y diversas formas de violencias de género, incluyendo la violencia feminicida, como en los casos de Niza Santiago Medina asesinada en 2012 o Adriana Fonseca asesinada en 2009, ambas de Juchitán; o las amenazas de muerte que han recibido quienes han denunciado como en el caso de Peregrina.[2]

Por lo tanto, creo que es conveniente preguntarnos ¿cómo proteger y fortalecer derechos fundamentales de la población de la diversidad sexual dentro de este contexto de precariedad? ¿Cómo analizamos y debatimos la discriminación y el rechazo socialmente legitimado hacia las personas gays, lesbianas, bisexuales, intersex, trans,  muxe e ngui’u de Oaxaca, por citar algunas identidades diversamente sexo-genéricas, no sólo en este escenario de precariedad sino además de indiferencia política –porque muchas personas, especialmente trans,  ni siquiera somos beneficiarias de programas sociales porque carecemos de documentos de identidad como las mujeres u hombres que somos? ¿Cómo atendemos la desigualdad en un entorno de indiferencia económica –porque las tasas de desempleo de la población de la diversidad sexual son altísimas con respecto al promedio nacional en donde se habla que el 98% de las personas trans estamos en desempleo? ¿Cómo hablamos de progresividad y universalidad de derechos humanos ante entornos de indiferencia legislativa –en donde aún hoy en día se sigue debatiendo en los congresos estatales y federal si se pueden aprobar reformas para que el Estado reconozca nuestras uniones civiles y nuestra identidad de género a pesar que existen criterios firmemente asentados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación así como las recomendaciones emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su informe Violencia contra personas LGBTI?

Si uno de los grandes cambios de paradigmas de la reforma constitucional de derechos humanos de 2011 fue pasar de la noción de que el Estado otorgaba garantías a uno en donde el Estado reconoce derechos humanos inherentes a cada persona por el sólo hecho de serlo, me pregunto si cada vez que debatimos si las personas trans, muxes, ngui’u o no conformes con el género  tenemos derechos a la identidad de género ¿no se está cuestionando en el fondo nuestra calidad como persona?

La posibilidad de que este Honorable Congreso realice reformas al código civil para que las personas trans, intersex,  muxe e ngui’u de Oaxaca puedan acceder a rectificar su acta de nacimiento en cuanto al nombre y al sexo mediante un trámite administrativo, gratuito y en cualquier registro civil sin condicionamientos de peritajes psiquiátricos o de ajustarse a un estereotipo de género, como ya es una realidad en la CDMX, significará abrir una gran puerta para acceder al ejercicio a otros derechos como a la educación en donde se nos reconozca nuestro historial académico, como al trabajo donde podamos ser contratadas conforme a nuestra identidad de género, el derecho a la salud donde podamos ser atendidas y atendidos a partir de nuestras particularidades, es decir, dejaremos de ser indocumentadas e indocumentados en nuestro propio estado y en nuestro propio país. Y también significará dejar de ser una ciudadanía de segunda porque, evidentemente, las personas trans y muxe que estamos en este recinto y que  ya contamos con un acta de nacimiento rectificada, hemos tenido que acudir a la CDMX a hacer valer este derecho ya que en nuestros estados de origen se nos niega este derecho.

Estoy segura que la reforma al código civil que reconozca la identidad de género no eliminará inmediatamente las diferentes formas de violencia de género y la exclusión social que vivimos las personas trans, muxe y ngui’u pero será un primer gran paso para erradicarlas, es el camino correcto hacia una sociedad más igualitaria fundamentada en un respeto irrestricto e irrenunciable a los derechos humanos y, sobre todo, dará justicia y reconocimiento histórico a un sector de la población indígena zapoteca oaxaqueña como son las personas muxe y ngui’u.

Muchas gracias.

Luisa Rebeca Garza López

[1] Oaxaca Día a Día. Tiene Oaxaca 3 millones de pobres. Oaxaca. 25 de febrero de 2017.Consultado el 07 de agosto de 2017. Liga: http://oaxacadiaadia.com/2017/02/25/tiene-oaxaca-3-millones-de-pobres/

[2] Thomas Lupita. Quadratín / El Universal. Muxes, frente al crimen e intolerancia. México. 25 de mayo de 2014. Consultado el 07 de agosto de 2017. Fuente: http://archivo.eluniversal.com.mx/estados/2014/impreso/muxes-frente-al-crimen-e-intolerancia-94865.html

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