@jessica_hg @Congreso63Oax Ponencia sobre matrimonio igualitario de Lic. Jessica Jazibe Hernandez


Comparto la ponencia realizada por Lic. Jessica Jazibe Hernandez en el Foro "Matrimonio igualitario e identidad de género" realizado el 8 de agosto de 2017 en el H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca:

Integrantes de la Comisión de Administración de Justicia de la Cámara de Diputados del estado de Oaxaca,
Diputados y Diputadas,
Representantes de los medios de comunicación,
Ciudadanas y ciudadanos
 
 
Buenos días a todos y todas:
 
 
Agradezco la invitación de la Diputada Hilda Graciela Pérez Luis, Presidenta de la Comisión, así como la gestión de su equipo de trabajo para hacer realidad este Foro.
 
Y sin mayor preámbulo me gustaría dar inicio, después de escuchar las valiosas aportaciones de las y los ponentes que me antecedieron, para lo cual, retomaré algunos antecedentes; me situaré en el año de 1857, año en que se promulgó la Constitución, de corte liberal en nuestro país, a diferencia de la que le antecedió en 1824, (que impuso la religión católica como oficial y conservó los fueros militar y eclesiástico).
 
La Ley Fundamental de 1857 fue de avanzada, al incluir la separación iglesia-estado, la prohibición de la esclavitud, la pena de muerte y la tortura, además la educación laica, razones por lo que esta Constitución encontró una fuerte oposición en los conservadores, como ustedes puedes ver, algo similar a lo que ocurre actualmente en el tema de Matrimonio Igualitario, Adopción, Reconocimiento de la Identidad de Género e Interrupción Legal del Embarazo.
 
Posteriormente, en el año de 1859, se promulga la Ley del Matrimonio Civil (como parte de las Leyes de Reforma), instituyendo el matrimonio como un contrato civil indisoluble que solo podía disolverse por un medio natural, es decir, por la muerte de uno de los cónyuges, por cierto aquí tenemos nuevamente otro término utilizado por aquellas personas conservadoras en contra del Matrimonio Igualitario, que hacen referencia a la cuestión natural.
 
De estos dos antecedentes jurídicos, tanto la Constitución de 1857 como la Ley del Matrimonio Civil de 1859, se desprenden dos aspectos sumamente importantes, primero, que el catolicismo no fuera reconocida constitucionalmente como la religión oficial y, segundo, la regulación civil del Matrimonio.
 
¿A qué me refiero con estos dos puntos? Que para tratar el tema de Matrimonio Igualitario debemos separar cualquier perspectiva o creencia religiosa, católica o no, del tal forma que debemos comprender que se trata de un acto jurídico, solemne e incluso como una institución jurídica, que para su validez no necesita en ningún momento del reconocimiento de religión alguna y mucho menos de una justificación “de la naturaleza” toda vez que el Matrimonio Civilen nuestro país, fue establecido hace Ciento Cincuenta y Ocho años, no desde que aparecieron Eva y Adán, no desde el nacimiento de religión alguna y por supuesto, no se trata de un hecho “Natural”.
 
Si separamos esas dos cuestiones, tendremos un panorama muy claro de que se trata la lucha de las personas que conformamos el Colectivo Lésbico, Gay, Bisexual, Transexual, Trensgénero, Travesti e Intersexual (LGBTTTI), por el reconocimiento del Matrimonio Igualitario y los derechos que se derivan de este Contrato Civil e iniciaremos con la discusión argumentativa, democrática, liberal  y de derechos humanos que realmente importa para el libre desarrollo de la personalidad y la dignidad de las personas con una orientación y/o identidad sexual diferente a la heterosexual.
Ahora bien, ya entrando en materia, tenemos que el 4 de marzo de 2010, entró en vigor la reforma al Código Civil del Distrito Federal, aprobada por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo y el derecho a la adopción.
 
Un año después, se publica la reforma Constitucional en materia de Derechos Humanos del 10 de junio de 2011, reforma que sin duda no solo reconoció la obligatoriedad de los derechos humanos en el Estado Mexicano, sino que cambió el Sistema Jurídico Mexicano, a través del Principio Pro Persona, la Convencionalidad, el Bloque de Constitucionalidad, así como el Control Concentrado y el Control Difuso de Constitucionalidad.
 
En pocas palabras, el Artículo 1º Constitucional reconoce a todas las personas el goce de los derechos humanos reconocidos en la Ley Fundamental y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, normas que deberán interpretarse favoreciendo en todo momento a las personas, es decir, con la protección más amplia.
 
Pero la redacción de este magnífico precepto no se queda ahí, va más allá al señalar la obligación para todas las autoridades dentro de su ámbito competencial, para “promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad…” y remata con la prohibición de toda discriminación motivada por las preferencias sexuales “o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.”
 
Después de leer parte del contenido del 1º Constitucional e incluso sin realizar un análisis profundo del tema que lamentablemente no da para una intervención de 20 minutos pero si para mencionar que la interpretación conforme debe atender a los derechos consagrados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, específicamente en su numeral 16, Convención Americana sobre Derechos Humanos, numerales 1, 2 y 24; Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, numeral 2 y, la Declaración de Naciones Unidas sobre la eliminación de la discriminación contra la mujer, entre otros instrumentos internacionales, queda claro que toda autoridad está obligada a respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de las personas, lo cual incluye el derecho a no ser Discriminada, a la Igualdad, a tener un nombre (en el caso del reconocimiento de Identidad Sexual), así como a contraer matrimonio y tener una familia con el goce de todos los derechos, incluyendo la Adopción –que por cierto, en la iniciativa de reforma no se incluye-.  
 
De tal suerte que, las autoridades del estado de Oaxaca están incumpliendo con su mandato constitucional, desde cada una de sus competencias y atribuciones, al no reconocer el derecho al matrimonio entre personas del mismo sexo y la adopción, con todos los derechos y obligaciones que de estos actos jurídicos se derivan.
 
Del mismo modo, el Poder Legislativo no está protegiendo ni garantizando los derechos fundamentales de las personas LGBTTTI, en virtud de que sus integrantes no ha reformado el Código Civil de la entidad, a pesar de que en junio de 2015, cuatro años después, la Cámara de Diputados reformó la Constitución Local, para armonizarla con la reforma de la Ley Fundamental del año 2011, reconociendo en el Artículo 1º de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, el goce de los derechos humanos reconocidos en la Constitución Federal, así como el de los tratados internacionales, el Principio Pro Persona y la prohibición de la restricción de los derechos humanos.
 
No puedo dejar de mencionar, la Sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Acción de Inconstitucionalidad 2/2010, referente a la reforma de los artículos 146 y 391, del Código Civil del Distrito Federal, por el reconocimiento del Matrimonio entre personas del mismo sexo y adopción por familias homoparentales, presentada por el entonces Procurador General de la República, quien defendió el matrimonio tradicional, en donde la Suprema Corte resolvió la validez de dichos preceptos legales.
 
Actualmente, diferentes personalidades como académicos, investigadores, activistas, litigantes, todas y todos ellos han contribuido desde cada una de sus trincheras en la lucha por la conquista de nuestros derechos civiles, mi reconocimiento para Alex Alí Méndez, Geraldina González de la Vega, Estefanía Vela y, especialmente a las y los ministros liberales de la Suprema Corte, a todos ellos Gracias.
 
Finalmente, una mención especial a las y los entonces integrantes de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, quienes en diciembre de 2009, aprobaron la reforma al Código Civil del Distrito Federal, en una demostración de la defensa de los derechos humanos de las personas LGBTTTI, garantizando el Matrimonio entre personas del mismo sexo y adopción por familias homoparentales, sin temor a una condicionante o prohibición de alguna institución religiosa o grupo social y si con la firme convicción de garantizar a todas las personas, el derecho a la No Discriminación, la Igualdad y la Dignidad Humana, reforma gracias a la cual personas con una preferencia o identidad diferente a la heterosexual hemos ejercido nuestro derecho a contraer matrimonio civil y disfrutar de los derechos y también cumplir con nuestras obligaciones, formando una familia homoparental.
 
Hago un llamado para que esta Legislatura Local apruebe la iniciativa que hoy se discute en este foro para el Matrimonio Igualitario incluyendo la adopción por familias homoparentales.
 
Gracias.

Acercamiento de las violencias de género hacia personas trans* a partir de la teoría performativa.


Introducción.

Butler considera que la identidad es instituida por la repetición estilizada de actos; y, el género,  por la estilización del cuerpo (gestos corporales, movimientos, normas de todo tipo, etc) y esto genera la ilusión de un yo generizado permanente en donde el concepto de género se conceptualiza como una temporalidad social constituida. Por lo tanto, considera que para transformar el género  nos podemos apoyar en diferentes maneras de repetición de actos; mediante la ruptura de actos; o, mediante la repetición subversiva de ese estilo. (Butler, 1998)

Mientras que la teoría feminista considera al cuerpo como un hecho ya predeterminado tanto de forma natural, cultural o lingüística, Butler lo con considera como una “herencia de actos sedimentados, renovados, revisados y consolidados con el tiempo”, y es en esa repetición donde encuentra la clave para la subversión.

Las identidades trans*[1] son modalidades de género que no se pueden entender dentro de las categorías binarias de género sin acceder a discursos que patologizan o que cosifican sin problematizar la diferencia sexual.

Si la teoría performativa permite entender la conformación de las identidades modernas, especialmente aquellas que confrontan la matriz heterosexual, ¿es posible entender a su vez las violencias de género hacia identidades no binarias, como las trans*, como una intervención social y agresiva con el objeto de romper la iterabilidad que da consistencia a dichas identidades subversivas? ¿si la transformación del género se puede lograr a través de la repetición de actos diferentes, las violencias de género hacia las personas trans* pueden ser entendidas como una contra-fuerza que no sólo sanciona sino que tienen el objetivo de fragmentar y desaparecer las otras narrativas de género para dar consistencia y legitimación a la ilusión de las identidades cis-heterobinarias?

Desarrollo.

Partiendo de las reflexiones de Butler (Butler, 1998), se entiende el concepto de género como un performance repetido (re-actuado y  re-experimentado) dentro de un conjunto de significados ya socialmente establecidos por lo que es tanto un acto individual como una experiencia compartida dentro de una acción colectiva donde se adquieren estilos de modo generizados estratégicamente establecidos para mantenerlo dentro de un marco binario y hacer cumplir el mandato de la procreación heterosexual, en otras palabras, como “representación performativa es un acto que construye la ficción social de su propia interioridad psicológica” que naturaliza la idea del sexo y deviene en la esencialización de la diferencia sexual  a partir de la idea de dos sexos opuestos y complementarios.

Lo anterior genera un cambio radical en los análisis feministas donde es el género el que antecede al sexo y donde la diferencia sexual deja de ser un rasgo esencial que divide a la especie humana en dos grandes grupos.

Por lo tanto, no existen géneros ni sexos verdaderos o falsos, reales o aparentes, sino que son todos son construcciones históricas contingentes. Unos más legitimados en tanto que otros son sistemáticamente excluidos a partir de un eje normalizador que es la diferencia sexual que se legitima en el deseo cis-heterosexual y tiene su máxima representación en la procreación.

Esta forma de entender al género ha permitido comprender el surgimiento de nuevos sujetos generizados como las personas trans en contextos de sistemas sexo/género modernos rígidos bio-médicos occidentales (Gómez Suárez, 2010) donde los desplazamientos de la iterabilidad del performance del género han tendido a ser alineados a la diferencia sexual partir del surgimiento de las tecnologías de género como las terapias de reemplazo hormonal, las cirugías de reasignación sexual, las cirugías de feminización facial o de voz o partir del surgimiento de narrativas que también se articulan a partir de la diferencia sexual como “el cambio de sexo” como meta aspiracional y/o requisito burocrático para que el Estado reconozca derechos de las personas trans*; o que han sido sancionados a partir de discursos de verdad patologizantes. (Pons Rabasa & Garosi, 2016)

Por tanto, las identitades trans* no han estado exentas de padecer violencias de género. Sin embargo, hay que comprender a las violencias de género más allá de la idea de la diferencia sexual de tal forma que su aproximación no remita a la esencialización de los cuerpos que invisibilicen o minimicen las violencias que vivimos las personas trans* (Pons Rabasa & Sol García, 2011). De esta forma se propone abordar como violencia de género cualquier acto o discurso que tenga por objeto limitar, anular o invisibilizar los diversos desplazamientos del performance de género para obligarlo a ajustarse a la matriz binaria cis-heterosexual influenciado  a su vez por categorías como la clase social, el grupo étnico, el capacitismo, el estatus migratorio, entre otros factores globales o locales que puedan participar como tecnologías de control de género complejo.

Comprender las violencias de género a partir de la performatividad tiene el potencial de reconocer que son ciertos performances de género, que devienen en la materialización de ciertas corporalidades, lo que desencadena su reconocimiento y asimilación dentro del sistema sexo/género o su rechazo y, consecuente, expulsión.

Asimismo, que en el continuo proceso de ordenar y jerarquizar lo simbólico para dar consistencia a nuestras identidades durante la iterabilidad del performance de género, ninguna persona está exenta de elaborar actos o discursos que nos coloquen en un nivel de superioridad con respecto de otras personas al momento de generizarnos, especialmente, cuando en este proceso de hacer género se involucran de forma compleja las diferentes lógicas de ordenamiento interseccional. (Serret, 2006)

Por tanto, si se entiende a las violencias de género como una misma fuerza de naturaleza opuesta a los desplazamientos de la iterabilidad del género propongo que su análisis se pueda realizar a partir de los cuatro planos que desarolla  Hortensia Moreno para al análisis del discurso fílmico (Moreno, Sin año): en donde la discursividad niegue o alineé los procesos de procesos de formación subjetiva y representación a la realidad a la matriz cis-heterosexual;  en donde sólo ciertas performatividades de género sean consideradas como válidas o superiores dentro de los mecanismos de formación de la identidades;  en donde la influencia del lenguaje en la construcción del contexto social sólo determine o considere como válidas o reales ciertas condiciones de posibilidad en el acto del habla; y el vínculo entre la performatividad y el performance (vigencia y límites) que impidan, nieguen, invisibilicen o anulen ciertas condiciones para la materialidad o corporalidad disidente.

En el primer plano de análisis correspondería a identificar contextos de relaciones de poder que impedirían que el cuerpo adquiera el significado que permita su desplazamiento de la norma de género. Por tanto, implicaría el ejercicio de una fuerza ilocucionaria para sancionar con fuertes estigmas emocionales, sociales y simbólicos el alejamiento a la norma. Por ejemplo, la patologización de la transexualidad a través del discurso de verdad de las autoridades médicas que mediante un diagnóstico médico han interpelado a ciertas identidades trans* o la cosificación que se puede manifestar de diferentes formas como la tercer-generización[2]que  consiste en la imposición externa de una geografía identitaria diferente a la binaria generalmente ubicada como un tercer género o tercer sexo y que con frecuencia tiene un matiz sensacionalista o invalidante, negando así la posibilidad que las personas trans* puedan auto-adscribirse a alguna identidad cis-binaria, pues se perpetúa así que está última es la única opción válida y natural; la objetivación[3] fuertemente relacionado con la idea cisgenérica del pasacentrismo articulada a la diferencia sexual por lo que el enfoque hacia el cuerpo, las historias y la identidad de las personas trans* se genitaliza y se convierten en objetos, separándolos de la persona y su dignidad; la mistificación[4] derivada del pasacentrismo[5] y la objetivación en donde el centro de atención de las personas y los medios de comunicación se realiza sobre el llamado “cambio de sexo” invisibilizando otras formas de violencias; la trans-interrogación que consiste en la intelectualización producto de la objetivación que se centra en el “por qué” existimos las personas trans* soslayando el proceso de construcción de todas las demás identidades.  La trans-interrogación tiene dos efectos lamentables: al no cuestionar el proceso de construcción social de las identidades cis legítima la idea de su superioridad asimismo deja pasar la valiosa oportunidad académica de cuestionar y criticar el sistema normativo y estructural que se traduce en privilegios de nacimiento hacia las identidades cis y que al mismo tiempo oprime y excluye al resto de las identidades trans*.

El segundo plano de análisis que tiene que ver con la performatividad del género lo relaciono con la cisnormatividad que consideraría el performance de género trans* como inferior, falso o actuado sin cuestionar que todas las personas estamos en un proceso continuo de hacer género de tal forma que el cuerpo, el género y la sexualidad de las personas trans* es asumido como artificial  en tanto se asume la posición identitaria cisgénero como un rasgo esencial e interno. A esto, le llamaría privilegio cisgénero[6] que deviene en cissexismo, que consiste en asumir como inferior o menos auténtica la identidad de las personas trans* con respecto a las personas cis[7]. Es a partir de este privilegio cisgénero en donde se realiza una forma de violencia común: la desgenerización[8], que busca re-imponer una identidad asignada al nacer, y que la persona trans* ha rechazado tanto discursiva como performativamente, mediante la búsqueda de rasgos físicos, comportamientos o expresiones relacionados con los estereotipos ligados a cada género, y aunque es común que la padezcan las personas trans* también son víctimas las personas intersex y quienes no se ajustan a la norma o estereotipos de género[9]. La performatividad de género articulada no sólo con la cisnorma sino también con otros factores sociales como la clase social o el grupo étnico generaría diferentes fronteras imaginarias a partir de conceptos como el pasacentrismo[10] que consiste en la idea de la apropiación del privilegio cisgénero por parte de las personas trans*, pero condicionado a que la persona no sea identificada o se identifique como persona trans* pues en caso contrario se asume dicha apropiación como “fraudulenta” invisibilizando que el proceso de generización cotidiano es socializado hacia todas las personas desde la infancia y que ejercemos esta actividad de forma inconsciente. Quienes “pasan” y quienes “no pasan” se convierte en forma de violencia de género incluso entre personas trans* generando, en ciertos contextos sociales, procesos de jerarquización entre unas y otras. Otra forma de violencia de género es la malgenerización[11], que tiene el objeto de realizar una  desgenerización, como una forma de negación de reconocimiento social al performance de género de la persona trans* frecuentemente manifestado cuando se le llama a un hombre trans* en femenino o a una mujer trans* en masculino.

El tercer plano de análisis tiene que ver con la influencia del lenguaje en la construcción del contexto social que determina las condiciones de posibilidad en el acto del habla. En el análisis de las violencias de género hacia las personas trans* estaría relacionado con la ausencia de nominación y falta de reconocimiento dentro de las relaciones de poder en las estructuras sociales. Se manifiesta desde exclusión del entorno familiar como un acto de autoridad de rechazo a la discursividad de la hija o el hijo trans*, la invisibilización de las experiencias y vivencias de las personas trans* en los estudios académicos o encuestas de instituciones públicas o privadas hasta la negativa de las instituciones del Estado en reconocer legalmente el nombre y el sexo auto-afirmado de las personas trans*, o bien, el establecimiento de procedimientos  largos y caros para realizar dicho reconocimiento que patologizan o revictimizan a las personas trans*. Moreno considera a la interpelación como el acto ilocucionario definitivo para constituir social y discursivamente al sujeto, por tanto, sea de forma implícita u oficial su objetivo es colocar a la persona en el lugar de la abyección para evitar así reconocimiento.

Finalmente, el cuarto plano de análisis de Moreno se relacionaría con la contextualidad que permitiría identificar efectivamente la violencia de género hacia la persona trans* a partir del contenido ilocucionario y la fuerza ilocucionaria que tendrían por objeto deshacer el género de la persona trans* tanto de forma simbólica, social o física, ésta última representaría la forma más agresiva de violencia de género que incluiría desde agresiones físicas como golpes, violencia sexual, tortura hasta la forma más extrema que sería el asesinato de la persona trans* como acto definitivo para eliminar los desplazamientos del performance de género que se consideren más abyectos o menos inteligibles, donde los factores de clase, grupo étnico, diversidad funcional y corporal, entre otros, se articulan de forma compleja y que explicaría por qué unas posiciones identitarias son más excluidas que otras, por qué unas gozan de ciertos privilegios y se les permite la existencia social en tanto otras son sistemáticamente excluidas e invisibilizadas.

Si bien he abordado separadamente los cuatro planos de análisis para reflexionar sobre las violencias de género hacia las personas trans* considero que estos planos participan activamente y se superponen de forma compleja para constituir las diferentes formas de violencia que he señalado de forma enunciativa más no limitativa.

Las violencias de género hacia las personas trans*, de esta forma, pudieran entenderse como actos o discursos que tienen como objetivo impedir la materialización o corporización de identidades emergentes subversivas a partir de la fractura de su iterabilidad, o bien, a partir de la imposición de discursos o prácticas que tiene el objeto de asimilar dentro de las normas y discursos hegemónicos para solo así obtener legitimidad.

Asimismo, también pudieran entenderse como interrupciones u obstáculos al proceso de materialización que impiden la iterabilidad lo que generaría la posibilidad de crear las fronteras imaginarias que darían permanencia a cuerpos desplazados de la norma.

Conclusiones

Si partimos que las identidades son construcciones sociales e históricas dentro de ciertos espacios discursivos y que las diferentes violencias de género no sólo tienen el efecto de sancionar sino de seguir legitimando como únicamente válidas ciertos performances de género al mismo tiempo que se reconoce que el hacer género no se puede abstraer del contexto del sistema sexo/género que nos abarca, por tanto, el espacio para ampliar las fronteras de inteligibilidad es breve pero, sin embargo, existe.

Es en este espacio donde no sólo se dan los desplazamientos sino las diferentes formas de violencia de género para alinear, obligar a asimilar, invisibilizar o desaparecer a las disidencias del género que oprime.

Por tanto, ¿es posible pensar en violencias de género más allá del sexo de la persona agredida y la persona que agrede al acto performativo que participa en la constitución de las identidades? De esta forma, ¿las diferentes formas de violencias de género, adicional a su efecto sancionador, también tendrán performativamente una función de dotar de solidez y consistencia a un performance de género que busca ubicarse en un plano de superioridad tanto simbólica como social de lo que usualmente identificamos como sujeto agresor? Por tanto, quizá implique una diferente forma de pensar las violencias hacia las personas trans* como la materialización violenta de una frontera imaginaria que también da consistencia y legitimidad a quien hace el acto violento, es decir, ¿podemos entender así la normalización de un hacer género en contextos normalizados de violencia? Donde las violencias de género no sólo sean vistas como formas de oprimir y controlar sino como un mecanismo explícitamente agresivo para dar consistencia a las identidades que se asumen como naturales, válidas o únicas.

Aproximarse a las violencias de género desde esta concepción quizás permita hacer lecturas más amplias y complejas de las violencias de género que las personas ejercemos cotidianamente no sólo a partir de la categoría de género sino a partir de una articulación multidimensional que involucre otras categorías que, efectivamente, participan activamente en la constitución de nuestras subjetividades y vínculos sociales como la clase, el grupo étnico, o la posición geográfica corporal y funcional en la que nos ubiquen (mos).

Por lo que antes de antes de lanzar preguntas para identificar las violencias de género que yo vivo como mujer trans* me pregunto ¿cuáles son los discursos y prácticas que he repetidamente realizado para dar constitución a mi identidad como mujer trans* y usar a mi favor otras categorías de clase o grupo étnico, por ejemplo, para colocarme en un nivel de superioridad no sólo hacia mis compañeras y compañeros trans* sino para hacerme inteligible hacia el resto de mis amistades, compañeras y compañeros de trabajo a pesar de  ser trans*?

Considero que el análisis de las violencias de género a partir de las aportaciones de la teoría performativa tiene un gran potencial para reflexionar no sólo las violencias de género que viven las otras personas (alterizándola) sino para cuestionar las propias violencias de género que ejercemos cotidianamente en un contexto para volvernos inteligibles en un contextos sociales capitalistas, (cis) sexistas, clasistas, capacitistas, racistas, entre otras categorías, por lo que puede contener claves teóricas y políticas para pensar en trabajos complejos articulados a partir de cambios subjetivos, sociales y políticos. Porque ¿cómo podemos concebir teorías de cambio social que no involucren nuestras sesgos subjetivos?

Si bien, en este ejercicio se ha analizado a las violencias de género dirigidas hacia las personas trans* creo que un abordaje a partir de la teoría performativa puede aportar claves teóricas y políticas para un proyecto de emancipación no sólo de las mujeres cisgénero sino para cualquier persona cuyo performance de género le ubique en el lugar de la abyección en donde las violencias de género.

[1] Se usará el apócope “trans*” como un concepto paragüas para abarcar aquellas identidades sexo-genéricas que no se ubican dentro del binario hombre-mujer independientemente de la presencia o ausencia de los procesos quirúrgicos, hormonales e incluso legales que afirmen dicha identidad autopercibida. Esta propuesta es recuperada de los trabajos de Alba Pons Rabasa, de quien agradezco la sugerencia, quien a su vez lo retomó de Mauro Cabral.

[2] (Serano, 2007)

[3] Op. cit.

[4] Op. cit.

[5] Este concepto se aborda en el tercer plano de análisis.

[6] Concepto tomado de Julia Serano quien le llama privilegio cissexual, sin embargo, prefiero usar el concepto cisgénero para que sea más acorde con la teoría performativa dado que es el género, y no el sexo, el eje articulador de dichas violencias y privilegios. (Serano, 2007)

[7] Cis: apócope de cisgénero

[8] op. cit.

[9] El caso más reciente fue la polémica alrededor de la deportista olímpica Caster Semenya o la agresión en 2014 a la actriz española María Díaz por un grupo de personas al confundirla con una mujer trans.

[10] op. cit.

[11] op. cit.

Sobre empoderamiento de mujeres.


El concepto de empoderamiento fue acuñado en la IV Conferencia Mundial de Beijing en 1995 para “referirse al aumento de la participación de las mujeres en los procesos de toma de decisiones y acceso al poder”. Actualmente, en diferentes sitios lo definen como “la toma de conciencia del poder que individual y colectivamente ostentan las mujeres y que tiene que ver con la recuperación de la propia dignidad de las mujeres como personas”.

Por tanto, ¿cómo trabajar el empoderamiento hacia las mujeres sin caer en esencialismos o en ideas simplificadoras?

Si partimos que el “ser mujer” –lo mismo que el “ser hombre”, “ser indígena”, “ser trans” o cualquier otra identidad- es una construcción social de acuerdo a contextos históricos determinados más que un producto dado por la naturaleza y que son los cuerpos asumidos como “femeninos” quienes simbólica y socialmente son clasificados y jerarquizados en clave de subordinación, es probable que comprendamos no sólo las causas contextuales e históricas para erradicarlas sino que tengamos una aproximación hacia ideas de violencias de género más interseccionales y, por tanto, más contextuales e incluyentes.

Hablar de empoderamiento implica reconocer que existen brechas de desigualdad, violencia generalizada y un entorno social y cultural que introyecta que ciertos cuerpos asumidos como “masculinos” se consideren con el privilegio de dominar y subordinar a aquellos identificados como “femeninos”.

De esta forma, me parece que una de las principales claves para trabajar un empoderamiento que no devenga en la generación de fronteras imaginarias –que a la postre separen- dentro de los diversos grupos de mujeres categorizados por clase, grupo étnico, diversidad sexual, corporal o funcional, o en diversos contextos sociales de vulnerabilidad como quienes viven situación de migración, indocumentación o prostitución involucra reflexionar críticamente los discursos que hemos introyectado, muchas veces inconscientemente, para identificar no sólo las barreras simbólicas, sociales, políticas y económicas que dificultan el acceso a espacios de poder sino también reconocer los pocos, pero al fin y al cabo, privilegios  dentro de la diversidad que implica ser mujer  para comprender las diferentes prioridades y posicionamientos políticos de cada grupo con el objeto de poder  construir puentes que generen alianzas, aunque sean temporales, para el logro de objetivos relacionados con los grandes desafíos que tenemos todas las mujeres y otros grupos oprimidos.

A partir de la construcción de estas alianzas entre diversos grupos podemos generar sinergias para presionar con mayor fuerza a los grupos hegemónicos por mayores y mejores espacios para TODAS las mujeres y los grupos históricamente excluidos del poder.

La subordinación de las mujeres está intrínsicamente relacionada con la constitución de las identidades masculinas tanto a nivel social como subjetivo. Por lo que el empoderamiento de las mujeres no puede asumirse de forma aislada de dichos procesos que participan en la constitución de las identidades masculinas. De ahí que conforme las mujeres –e identidades disidentes- avanzan en espacios de poder o de visibilización se activan las diferentes formas de violencia. El poder político, económico  y social no sólo implica un lugar privilegiado de estatus sino que se vuelve en elemento “esencial” de aquello que participa en la constitución de la identidad de “ser hombre”. De ahí que los discursos tradicionalistas a favor de levantar fronteras que den la idea de consistencia y solidez que remarquen la diferencia sexual, étnica, económica y migratoria empiecen a cobrar fuerza.

Las opresiones que vivimos son muchas (el sistema sexo/género, el patriarcado, el sistema de explotación capitalista neoliberal, las colonizaciones ideológicas y raciales, etc) y aunque subjetivamente podamos priorizarlas de diferente manera, todas estas participan activa  y de forma compleja en los cuerpos que no nos ajustamos a aquello que se considera la norma cis-andro-heterocéntrica, blanco-burguesa, funcional y binariamente corporal.

Ante el resurgimiento de movimientos y posicionamientos políticos con fuertes raíces fundamentalistas religiosas y machistas que alimentan los discursos que claman por el surgimiento de fronteras  que nos separen para mantener la idea de un orden social inalterado que sirvan de contrapesos contra los avances hacia la igualdad y la convivencia pacífica de la pluralidad me parece que la construcción de estas redes entre los diversos grupos de mujeres se volverán estratégicas para apostar a estrategias y proyectos éticos y políticos que nos incluyan a todas  las personas y sostenga siempre una mirada crítica hacia lo que se siga, en un momento dado, excluyendo o invisibilizando, para garantizar así el avance progresivo a la conformación de verdaderas ciudadanías integrales.

Rebeca Garza

@Rivka_Azatl

Hacia una interpretación más incluyente de la Constitución Mexicana


 

El pasado 5 de febrero se celebró el centenario de la promulgación de la Constitución Mexicana, nuestra carta magna, que tuvo el mérito de ser la primera en reconocer derechos sociales como a la educación, al trabajo, a la seguridad social y a la tierra.

Sin embargo, el artículo 34 consideraba que  tenían calidad de ciudadanos de la república “Todos los que, teniendo la calidad de mexicanos, reúnan, además, los siguientes requisitos: I.Haber cumplido 18 años, siendo casados, o veintiuno sino lo son, y II. Tener  un modo honesto de vivir.

Este artículo no excluía explícitamente a las mujeres de su calidad de ciudadanas mexicanas si partimos, como aún dicen muchas autoridades de la lengua española, que el masculino genérico es la forma correcta de manifestarse a un grupo mixto aunque incluso si las mujeres excedan el número de varones.

Sin embargo, en la práctica social y jurídica se negó el reconocimiento a la ciudadanía a las mujeres, negando acceso a sus derechos sociales y políticos como votar y ser votadas, puesto que la interpretación de la ley se alineaba a favor de ciertos grupos dominantes (hombres, cisgénero y, por supuesto, heterosexuales potentados) que además cumplían con los roles socialmente aceptados y que tenían como fin último el mandato de la procreación, de ahí la importancia del requisito de haber contraído matrimonio heterosexual para adquirir el derecho a la ciudadanía a los 18 años y sancionar con retraso de 3 años el ejercicio de la ciudadanía a quienes se desviaban de esta norma.

Por eso es tan importante que la lucha feminista logrará el 17 de octubre de 1953, 36 años después de su promulgación,  la modificación del artículo 34 para que dijera “”Son ciudadanos de la República los varones y las mujeres que, teniendo la calidad de mexicanos” reunieran los requisitos ya señalados. El 22 de diciembre de 1969, se elimina la sanción de tres años para ejercer la ciudadanía a quienes no cumplían con el matrimonio heterosexual.

Y subrayo la idea del matrimonio heterosexual que subyace en el texto porque es evidente que hasta antes de la reforma de 1969 esta sanción normativa tenía repercusiones directas, aún hoy invisibilizadas, en la población no heterosexual de México de ese periodo, independientemente de la categoría identitaria que abrazara.

Finalmente, resulta extraño que aún hoy en día continúe vigente el apartado que hace referencia a “tener un modo honesto de vivir” dada la ambigüedad de esta idea y que, inevitablemente, remite un orden normativo moral a favor, nuevamente, de ciertas subjetividades hegemónicas.

Actualmente, las personas trans, pero especialmente las mujeres trans, dado el agresivo contexto de violencia de género, vivimos algo parecido a lo sucedido en México antes de 1953: no se nos reconoce el derecho de beneficiarnos de las políticas públicas y prerrogativas sociales que se han creado para las mujeres cisgénero, como en el caso de los Institutos o Secretarías de las Mujeres, el protocolo de violencia política contra las mujeres o el acceso a candidaturas paritarias. La constitución no nos niega ese derecho, lo niegan las interpretaciones sesgadas  y cargadas de prejuicio.

Considero que una forma de honrar el centenario de la Constitución Mexicana es, claro está, que las personas que formamos parte de las Instituciones que integran el Estado Mexicano las hagamos cumplir pero con una visión incluyente, que amplíe el reconocimiento de derechos y carente de prejuicios sociales.

Rebeca Garza

@Rivka_Azatl

marcha-trans

Mensaje que leí Dentro De La Firma Del Convenio General De Coordinación Y Colaboración Para La Organización Y Desarrollo Del Laboratorio De Cohesión Social II INE / IAIP 2017


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Desde 1990, año de fundación del entonces Instituto Federal Electoral y tomando en cuenta la desconfianza histórica hacia los procesos electorales federales, el IFE se ha caracterizado por transparentar sus procesos de toma de decisión y sus resultados.

Si bien, la transparencia y el acceso a la información pública no eran conceptos que explícitamente aparecieran en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE) el IFE siempre tuvo un compromiso con la transparencia desde la conformación de sus diferentes órganos colegiados como el Consejo General, sus 32 Consejos Locales y 300 Consejos Distritales cuyas deliberaciones siempre han sido públicas, sometidas al consenso o acuerdos por mayoría y cuyos acuerdos siempre han sido públicos hasta sus órganos ejecutivos como las 300 juntas distritales ejecutivas, sus 32 juntas locales y la Junta General Ejecutiva cuyas tomas de decisiones también son llevadas a cabo por órganos colegiados y cuyos resultados siempre han quedado documentados para futuras solicitudes.

Asimismo ha sucedido con los procedimientos para la organización de las elecciones. Desde la contratación de las personas que realizan la capacitación y la supervisión electoral cuyas convocatorias han sido públicas, cuyos procedimientos han sido supervisados por órganos ciudadanizados y representantes de partidos políticos hasta su contratación final, siempre sujetos a su escrutinio y cuestionamiento.

Lo mismo ha sucedido con los procedimientos para integrar las mesas directivas de casilla cuyos resultados no sólo se informan en sesiones de consejos e incluso en la página de internet oficial sino que se han establecido procedimientos para verificar dichas actividades.

El IFE, en cumplimiento a la ley electoral, desarrolló también el programa de resultados electorales preliminares (PREP) para dar seguimiento durante el mismo día de la elección a los resultados que fueran informando las casillas electorales; también desarrolló el sistema de Cómputos Distritales para brindar certeza a la realización de esta determinante actividad de verificar el correcto cómputo de los votos en las casillas electorales y que siempre ha sido realizado por la ciudadanía, entre otros sistemas.

Por tanto, me atrevo a decir que el entonces IFE le hereda al INE el legado de ser una de las instituciones pioneras en trabajar a favor de la transparencia y acceso a la información pública desde la conformación de su estructura, desde la implementación de sus procedimientos de toma de decisiones, y desde la innovación en el uso de las tecnologías de información y comunicación para poner a disposición pública de la información que es producida con los impuestos del pueblo mexicano.

Con la reforma electoral de 2014, se crea el Instituto Nacional Electoral y no solo  hereda los principios rectores de certeza, legalidad, imparcialidad, independencia y objetividad sino que se le agrega uno más: el de máxima publicidad. Lo anterior, junto con la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública fortalecen el compromiso del INE por la protección y el ejercicio de este derecho humano.

En octubre de 2016, el INE aprobó la nueva Estrategia Nacional de Cultura Cívica 2017-2023, que es el gran documento rector para generar una cruzada nacional a favor de una cultura democrática basada en el respeto de los derechos humanos, que llamamos ciudadanía integral. Sus tres grandes ejes son: Diálogo, Verdad y Exigencia. Y una de sus líneas de acción es justamente trabajar el fortalecimiento de la transparencia, el  acceso a la información pública y la rendición de cuentas.

Por tanto, es en este contexto donde la Junta Local Ejecutiva del Estado de Oaxaca y el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Oaxaca firman este convenio de apoyo y colaboración.

El convenio es el inicio de un trabajo colaborativo y en la construcción de redes en donde me permito invitar al resto de las instituciones públicas, a las organizaciones de las sociedad civil organizada y a la ciudadanía en general para fortalecer este derecho humano. Sin transparencia ni acceso a la información pública, difícilmente la ciudadanía podrá ejercer rendición de cuentas y sin éstas se genera el caldo de cultivo para mayor opacidad, para la corrupción y para la impunidad lo que a la postre significa menos derechos humanos y menos democracia.

Muchísimas gracias.

Luisa Rebeca Garza López

@Rivka_Azatl.