Mensaje de presentación de las legisladoras y legisladores infantiles de Oaxaca 2016


Desde sus inicios, el Parlamento Infantil de las Niñas y los Niños de México ha tenido como uno de sus objetivos prioritarios que este sector de la población ejerza su derecho a la participación.

En sus orígenes, nos fundamentábamos en la Convención sobre los Derechos del Niño adoptada de forma unánime por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1989 y que fue ratificada por México en 1990 en donde se solicitaba a las instituciones del Estado concebirles como sujetos de derechos más allá de políticas asistencialistas y paternalistas.

Asimismo, en diciembre de 2016 el Congreso de la Unión aprobó la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes que toma el principio de interés superior de la infancia como criterio orientador para toda acción del Estado.

Las legisladoras y los legisladores infantiles han surgido de procesos de elección democráticos en su propia escuela bajo el nombre de “representantes escolares” y, posteriormente, surgieron de otra elección realizada en las convenciones distritales convocadas por el INE donde las personas adultas participamos como organizadoras y testigos. Ellas y ellos son quienes han elegido directamente a sus representantes. En Oaxaca se eligieron once, siete niñas y cuatro niños. En el país, trescientos. En Oaxaca, seis provienen de primarias regulares (cinco de escuelas públicas y una de escuela privada) y cinco representan cursos comunitarios de CONAFE. Siete tienen 10 años y cuatro, 11 años.

Invariablemente, en todas las ediciones del Parlamento Infantil la representación por género ha rondado entre el 60% de niñas y 40% de niños y hemos podido constatar que al momento de elegir votan sin prejuicios de género, clase, grupo étnico o diversidad funcional por lo que en cada edición nos dan una cátedra de que sí es posible a aspirar por una sociedad donde las mujeres y los grupos históricamente vulnerados tengamos acceso a espacios de representación política acordes con la población que integramos, sin violencia, con reconocimiento a la dignidad y respeto a las diferencias.

Sin embargo, creo que lo más importante de abrir este espacio de interlocución con las niñas y los niños es escuchar lo que tienen que decirnos, sus preocupaciones, sus inquietudes, sus anhelos, sus sueños. En el Parlamento Infantil 2016 que realizarán en el Congreso de Unión aprobarán los resolutivos que resulten de una semana de trabajo y lo presentarán primero en el Congreso del Estado de Oaxaca el 18 de febrero y posteriormente en sus lugares de origen en eventos públicos que se llamarán “rendiciones de cuentas” (pueden consultar la programación que se les entregó al ingresar).

En estos ejercicios estaremos invitando a las diferentes autoridades municipales, estatales y federales así como a la academia, a la sociedad civil organizada y a los partidos políticos para que les escuchemos, retomemos los contenidos de los resolutivos e identifiquemos la problemática local que puede ser atendida para reconocer, fortalecer o ampliar el ejercicio de sus derechos como población infantil así como crear el compromiso de seguir abriendo espacios en la familia, en la escuela, en la comunidad, y en los espacios políticos donde las niñas y los niños pueden alzar su voz.

De esta manera y sólo de esta manera, estos espacios donde las niñas y los niños ejerzan su derecho a expresarse y a participar podrán ser elementos detonadores para que la sociedad, los medios de comunicación pero, sobre todo, las instituciones de Estado alineemos nuestros esfuerzos en el inacabable trabajo de mantener un horizonte de derechos humanos progresivo y universal. Muchas gracias.

Luisa Rebeca Garza López

@Rivka_Azatl

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Mensaje que leí Dentro De La Firma Del Convenio General De Coordinación Y Colaboración Para La Organización Y Desarrollo Del Laboratorio De Cohesión Social II INE / IAIP 2017


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Desde 1990, año de fundación del entonces Instituto Federal Electoral y tomando en cuenta la desconfianza histórica hacia los procesos electorales federales, el IFE se ha caracterizado por transparentar sus procesos de toma de decisión y sus resultados.

Si bien, la transparencia y el acceso a la información pública no eran conceptos que explícitamente aparecieran en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE) el IFE siempre tuvo un compromiso con la transparencia desde la conformación de sus diferentes órganos colegiados como el Consejo General, sus 32 Consejos Locales y 300 Consejos Distritales cuyas deliberaciones siempre han sido públicas, sometidas al consenso o acuerdos por mayoría y cuyos acuerdos siempre han sido públicos hasta sus órganos ejecutivos como las 300 juntas distritales ejecutivas, sus 32 juntas locales y la Junta General Ejecutiva cuyas tomas de decisiones también son llevadas a cabo por órganos colegiados y cuyos resultados siempre han quedado documentados para futuras solicitudes.

Asimismo ha sucedido con los procedimientos para la organización de las elecciones. Desde la contratación de las personas que realizan la capacitación y la supervisión electoral cuyas convocatorias han sido públicas, cuyos procedimientos han sido supervisados por órganos ciudadanizados y representantes de partidos políticos hasta su contratación final, siempre sujetos a su escrutinio y cuestionamiento.

Lo mismo ha sucedido con los procedimientos para integrar las mesas directivas de casilla cuyos resultados no sólo se informan en sesiones de consejos e incluso en la página de internet oficial sino que se han establecido procedimientos para verificar dichas actividades.

El IFE, en cumplimiento a la ley electoral, desarrolló también el programa de resultados electorales preliminares (PREP) para dar seguimiento durante el mismo día de la elección a los resultados que fueran informando las casillas electorales; también desarrolló el sistema de Cómputos Distritales para brindar certeza a la realización de esta determinante actividad de verificar el correcto cómputo de los votos en las casillas electorales y que siempre ha sido realizado por la ciudadanía, entre otros sistemas.

Por tanto, me atrevo a decir que el entonces IFE le hereda al INE el legado de ser una de las instituciones pioneras en trabajar a favor de la transparencia y acceso a la información pública desde la conformación de su estructura, desde la implementación de sus procedimientos de toma de decisiones, y desde la innovación en el uso de las tecnologías de información y comunicación para poner a disposición pública de la información que es producida con los impuestos del pueblo mexicano.

Con la reforma electoral de 2014, se crea el Instituto Nacional Electoral y no solo  hereda los principios rectores de certeza, legalidad, imparcialidad, independencia y objetividad sino que se le agrega uno más: el de máxima publicidad. Lo anterior, junto con la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública fortalecen el compromiso del INE por la protección y el ejercicio de este derecho humano.

En octubre de 2016, el INE aprobó la nueva Estrategia Nacional de Cultura Cívica 2017-2023, que es el gran documento rector para generar una cruzada nacional a favor de una cultura democrática basada en el respeto de los derechos humanos, que llamamos ciudadanía integral. Sus tres grandes ejes son: Diálogo, Verdad y Exigencia. Y una de sus líneas de acción es justamente trabajar el fortalecimiento de la transparencia, el  acceso a la información pública y la rendición de cuentas.

Por tanto, es en este contexto donde la Junta Local Ejecutiva del Estado de Oaxaca y el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Oaxaca firman este convenio de apoyo y colaboración.

El convenio es el inicio de un trabajo colaborativo y en la construcción de redes en donde me permito invitar al resto de las instituciones públicas, a las organizaciones de las sociedad civil organizada y a la ciudadanía en general para fortalecer este derecho humano. Sin transparencia ni acceso a la información pública, difícilmente la ciudadanía podrá ejercer rendición de cuentas y sin éstas se genera el caldo de cultivo para mayor opacidad, para la corrupción y para la impunidad lo que a la postre significa menos derechos humanos y menos democracia.

Muchísimas gracias.

Luisa Rebeca Garza López

@Rivka_Azatl.

Feminismo y derechos políticos de las mujeres


El acceso al poder debe ser un medio para ampliar y garantizar derechos fundamentales de las mujeres.

El feminismo como teoría política y ética a favor de la igualdad y la libertad de las mujeres tendrá que ser una herramienta para que los logros en materia de derechos políticos de las mujeres se traduzcan en una real progresividad de los derechos humanos de todas las mujeres sin distinción. 

Se han logrado avances en la formalización de leyes que garanticen el acceso a las candidaturas a las mujeres mediante la paridad vertical y horizontal, tanto en la LEGIPE, la ley general de partidos políticos como en los lineamientos que han emitido tanto el IEEPCO como el Consejo General del INE.

El propio INE, antes IFE, ha hecho avances en materia de garantizar los derechos políticos de las mujeres: desde el año 2012 se han conformado consejos distritales y locales paritarios y plurales en todo el país; en el año 2014 se realiza el concurso público sólo para mujeres para ingresar al Servicio Profesional Electoral; ha generado lineamientos para el ejercicio correcto del gasto ordinario de los partidos políticos para la promoción del liderazgo político de las mujeres; ha establecido metodologías objetivas e imparciales para garantizar el acceso a la cuotas de género, antes, y a las candidaturas paritarias actualmente, entre otras acciones.

Es importante no perder de vista que el avance de los derechos políticos de las mujeres ha sido una premisa del feminismo por 300 años. Es un logro como también lo fueron el acceso al voto (en muchos lugares de México), a la educación, al empleo, entre otros derechos.

No hay que olvidar el legado del feminismo que ha acuñado conceptos como patriarcado como sistema estructural de dominio masculino para subordinar a las mujeres y el concepto de género como estructura de poder que han servido para identificar desigualdades históricas y atemporales a las que han sido objeto las mujeres y que han justificado la implementación de acciones afirmativas como, originalmente las cuotas de género y ahora la paridad de género.

Por cada avance en materia de derechos de las mujeres ha habido una reacción del sistema que busca mantenerse y legitimarse a sí mismo.

Desde la violencia simbólica que responsabiliza únicamente a las mujeres de los trabajos reproductivos y de cuidados a través de la perpetuación de los arquetipos de la “madre abnegada”, la “esposa sumisa” y la “hija obediente” quienes deben cargar con la supervivencia de la célula familiar y las tradiciones comunitarias y ancestrales así como la absurda idea moderna de la “súper mujer”, que sugiere se puede ser madre, esposa, trabajadora y tener una vida política activa, invisibilizando de esta forma las relaciones inequitativas en tareas y responsabilidades desde el entorno familiar.

Hasta otras formas de violencia que reducen los espacios para el desarrollo igualitario de las mujeres con respecto a los hombres: como la feminización de la pobreza que vulnera derechos elementales y que se creían superados como el acceso a la salud desde la infancia y la mortalidad materna; el acoso escolar, el callejero y laboral que sucede día con día bajo la indiferencia, en incluso complacencia, de las instituciones; la violencia familiar tolerada en el entorno social por el mito del “amor romántico” que todo lo puede y todo lo soporta hasta que la mujeres son asesinadas; la violencia en los medios masivos de comunicación que propagan los estereotipos de la “mujer objeto” hipersexualizando sus cuerpos y minando la autoestima desde la infancia; hasta la violencia sexual y feminicida y las desapariciones de niñas y mujeres que alimentan las fauces de una nueva esclavitud sexual producto de la abominable combinación de corrupción de algunas autoridades e impunidad del crimen organizado.

No puedo dejar de mencionar tampoco otras formas de violencia en donde se niega el derecho de las mujeres lesbianas por el reconocimiento jurídico de su unión así como el disfrute de las prerrogativas por no someterse a la heteronorma; a las mujeres transexuales y transgénero a quienes el Estado y las legislaturas siguen negando el reconocimiento jurídico a la identidad de género cerrando de tajo el ejercicio básico de la ciudadanía y a otros derechos fundamentales como el trabajo y la educación; al sometimiento de los derechos de las mujeres de los pueblos originarios o afrodescendientes en México a la narrativa de las tradiciones como símbolo identitario; entre otros grupos de mujeres históricamente oprimidas.

En el ámbito político, las mujeres candidatas han compartido diferentes experiencias que dan cuenta de formas de violencia con el objeto de limitar el ejercicio de sus derechos políticos y se le ha denominado “Violencia política”: desde la negación de la candidatura porque “no hay perfiles” o porque simplemente “ellas no quieren”; la asignación a circunscripciones perdedoras; la limitación de los recursos públicos para realizar campañas de la misma forma que la realizan sus compañeros candidatos; el descrédito de los propios medios masivos de comunicación que posicionan a las candidatas a partir de su imagen y sus relaciones cuestionando sus capacidades; e incluso, el asesinato.

Si bien, la violencia política recientemente ha sido incorporada en la normatividad local de Oaxaca hay que tener presente que los cambios legales no generan inmediatamente cambios sociales y culturales sin el estricto cumplimiento de estas leyes de parte de las autoridades, como hemos visto ha sucedido con la violencia feminicida que en el país sigue aumentando.

Por otra parte, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) habla de ciudadanía integral como el acceso armonioso de los derechos cívicos, sociales, económicos y culturales de forma indivisible y articulada.

¿Se puede hablar que las mujeres en México y en Oaxaca tenemos condiciones para ejercer una ciudadanía integral de acuerdo a la definición del PNUD?

En un contexto generalizado de violencia hacia las mujeres que tienen el efecto de anular o disminuir el ejercicio y disfrute de derechos, no podría contestar afirmativamente esta pregunta.

El acceso a candidaturas paritarias tanto verticales como horizontales son un gran logro para superar los obstáculos estructurales para que las mujeres puedan acceder al ejercicio del poder, el desafío será ejercer esos espacios de poder para favorecer el avance progresivo de los derechos humanos de todas las mujeres, independientemente de la creencia religiosa, la clase social, la raza, la orientación sexual y la identidad de género.

Aunque esta responsabilidad recae en todas las personas que ejercen el servicio público o algún cargo electo popularmente, la historia nos ha demostrado que quienes gozan de los privilegios de género difícilmente promoverán los cambios estructurales que se requieren para alcanzar el ideal de la igualdad y el ejercicio de la libertad para todas las mujeres.

Por esa razón recupero el legado del feminismo bajo los principios de igualdad y libertad. Estos, junto con una ética pública basada en derechos humanos universales deberían ser la guía de las futuras legislaciones y políticas públicas.

Luisa Rebeca Garza López

Lectura presentada en el II Congreso de las Mujeres Oaxaqueñas de 2016

  
  

De la paridad al ejercicio del poder: avances y retos


De la paridad al ejercicio del poder: avances y retos

Por Luisa Rebeca Garza López

“Los hombres y las mujeres deben educarse, en gran medida, a través de las opiniones y costumbres de la sociedad en la que viven. En cada época ha habido una corriente de opinión popular que ha sobresalido y ha dado al siglo, por expresarlo de algún modo, un carácter familiar. Por tanto, puede extraerse  debidamente la conclusión de que, mientras la sociedad no se constituya de modo diferente, no es posible esperar mucho de la educación”.

Mary Wollstonecraft en “Vindicación de los derechos de la mujer” (1792)

Con la reforma electoral de 2014 se elevó a rango constitucional la garantía de la paridad entre hombres y mujeres en la candidaturas al Congreso de la Unión (Diputaciones y Senadurías) y de los Congresos Locales lo que constituyó uno de los más grandes avances en materia de acciones para garantizar condiciones de representación política con igualdad de oportunidades iniciadas a partir del año 1996 con la reforma al entonces Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE) cuando se estableció la cuota de género (60-40) como acción afirmativa para reducir la brecha entre los géneros.

La reforma al artículo 41 de constitucional dice actualmente que: “los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal , libre, secreto y directo, así como las reglas para garantizar la paridad entre los géneros, en candidaturas a legisladores federales y locales“.

Lo anterior, representa dos grandes avances: por fin la paridad (50-50)  a las candidaturas al Congreso de la Unión; y, la inclusión de esta paridad a todos los Congresos Locales.

En este tenor, la actual Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), incorpora las siguientes reglas que servirán como marco legal para fortalecer las condiciones hacia la igualdad sustantiva:

Durante el procedimiento de registro de candidaturas señala que[1]:

  • Los partidos políticos y las coaliciones tienen la obligación de promover y garantizar la paridad entre los géneros, en la postulación de candidaturas a los cargos de elección popular para la integración del Congreso de la Unión, los Congresos de los Estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.
  • La obligación de candidaturas paritarias aplica tanto para los cargos de mayoría relativa como de representación proporcional.
  • Cada fórmula de candidatura deberá estar integrada por una figura propietaria y suplente será de un mismo género.
  • Las listas de representación proporcional, además de estar integradas por una fórmula de una persona propietaria y suplente del mismo género, se tendrán que alternar por fórmulas de distintos género para garantizar la paridad hasta agotar la lista (Fórmula Hombres – Fórmulas Mujeres o Fórmulas Mujeres – Fórmulas Hombres).
  • El INE y los Organismos Públicos Locales (OPL), cada quien en sus ámbitos, ahora ya tienen facultades para rechazar las candidaturas del género que exceda la paridad bajo el siguiente procedimiento:
  • A partir del cierre de registro de candidaturas, se les dará un plazo de 48 horas para que realicen las sustituciones necesarias.
  • Transcurrido este plazo, en caso de que el partido o la coalición no realice las sustituciones, se le hará una amonestación pública y nuevamente se le dará un plazo de 48 horas para que haga dichas correcciones.
  • En caso de una tercera negativa, se le negará el registro de las candidaturas correspondientes.

Los anteriores artículos de la LGIPE tendrán que ser analizados y ejecutados a la luz de la nueva Ley General de Partidos Políticos (LGPP[2]) que también contiene reglas que seguramente serán nuevas herramientas para asegurar el tránsito de la igualdad jurídica a la igualdad sustantiva, como las siguientes:

  • Los partidos deben promover los valores cívicos y la cultura democrática entre niñas, niños y adolescentes. Quizás uno de los retos a trabajar en los siguientes años será impulsar la transparencia y la rendición de cuentas sobre los recursos asignados a cumplir esta actividad a través de la creación de un reglamento como el de la fiscalización que obliga a los partidos a transparentar el 2% del presupuesto destinado a fortalecer el liderazgo de las mujeres.
  • Deben buscar la participación efectiva de ambos géneros en la integración de sus órganos y en la postulación de sus candidaturas, esto último es una obligación. El reto será extender esta obligatoriedad justamente a la integración de todos los órganos del partido político.
  • Cada partido político tiene la obligación de determinar los criterios que utilizará para garantizar la paridad de género a las candidaturas a las legislaturas locales y federales.
  • Estos criterios deberán tener las siguientes características: ser públicos, ser objetivos y asegurar condiciones de igualdad entre los géneros.
  • En ningún caso, se admitirán criterios que tengan como resultado que a alguno de los géneros le sean asignados exclusivamente aquellos distritos donde el partido hubiera obtenido porcentajes de votación más bajos en el proceso electoral anterior.

Este análisis se pudiera hacer comparando qué distritos ganó y qué distritos perdió el partido en el proceso anterior y cruzarlo con el género de las personas candidatas que se plantean registrar. Si estos porcentajes no tienden a ser paritarios, el partido tendrá que explicar sus criterios y si no son públicos, objetivos ni garantizan  condiciones de igualdad seguramente se tendrán, entre otros, elementos para solicitar un Juicio para la protección de los Derechos Político-Electorales ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

La misma LGPP establece que los partidos políticos aplicarán los recursos destinados a la capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres de la siguiente manera:

  • Investigaciones que informen sobre evolución, desarrollo, avances y cualquier tema de interés relacionado con el liderazgo político de las mujeres.
  • Publicaciones como libros, revistas, folletos, entre otros, con temas de interés relacionados con la paridad de género.
  • Actividades como mesas de trabajo, conferencias, talleres, eventos y proyecciones que permitan difundir temas relacionados con el desarrollo de las mujeres en la vida política, entre otros.

El reto al respecto será dar seguimiento al Acuerdo del INE donde se determinaron los montos de cada partido político a destinar para la capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres así como los plazos para la presentación de los programas de gasto para el desarrollo de estas actividades específicas para 2014 donde se le destinaron a todos los partidos $76,215,721.89 para estas actividades[3].

Desde la militancia y desde la sociedad civil organizada, puesto que hablamos de financiamiento público, se tendrá que exigir conocer el programa de gasto que están obligados a elaborar y verificar que verdaderamente se capaciten, promocionen y desarrollen liderazgos políticos hacia y para todas las mujeres, incluyendo a las mujeres rurales, indígenas, de las periferias de los centros políticos y económicos de los estados y municipios, jóvenes, adultas mayores, con discapacidad, analfabetas, lesbianas, transexuales, entre otras formas de ser mujer lejos de la intersección privilegiada de mujer-blanca-heterosexual-cisexual-de clase media o alta.

Inclusive, será interesante conocer cuántas de las futuras candidatas a cargos de elección popular impulsaron, construyeron, participaron y/o se formaron a través de estos proyectos de formación de liderazgos políticos. ¿Se podrá constatar una relación directa entre los recursos ejercidos en estos proyectos, las mujeres que participaron en su proceso de formación de liderazgos políticos y las futuras candidatas a cargos de elección popular para 2015 o las mujeres que integran los órganos del partido? Indudablemente, el éxito de estos proyectos tendrá que medirse a partir de las mujeres candidatas que surjan o mujeres que ocupen cargos en los órganos de su partido y no de los recursos erogados.

Si bien, el que existan candidaturas paritarias para los cargos de elección de las legislaturas federal y locales es un avance no debemos perder de vista que el gran logro será que la conformación de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores y de cada Congreso local se acerque a la paridad.

Y aun así, tampoco habrá que perder de vista que la paridad como acción afirmativa sigue siendo un medio para algo más relevante: la toma de decisiones de forma igualitaria en los órganos legislativos.

Al analizar la integración por género de cada una de las comisiones ordinarias de la  LXII Legislatura de la Cámara de Diputados al 23 de junio de 2013 encontré que[4] el 77% de las presidencias de dichas  comisiones correspondían a hombres y el 23% a mujeres, cuando la integración de la Cámara era de 62.6% de hombres y 37.4% de mujeres.

Más aún, las 16 comisiones integradas con más de 30  personas son comisiones donde gravita el poder de las decisiones políticas y económicas  como Hacienda y Crédito Público, Presupuesto y Cuenta Pública, Desarrollo Rural, Economía, Salud, Transportes, Turismo, Educación Pública y Servicios Educativos, Puntos Constitucionales, Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, Comunicaciones, Energía, Gobernación, Infraestructura, Relaciones Exteriores y Vivienda. Y ninguna de estas comisiones la presidía alguna mujer.

Las comisiones presididas por mujeres parecen ser una extensión de los estereotipos de mujeres que educan y que cuidan a otras personas como las comisiones de Igualdad de Género, Derechos de la Niñez, Atención a Grupos Vulnerables, y Cultura y Cinematografía, todas ellas presididas por mujeres y que estaban sobrerrepresentadas por mujeres (60%),a excepción de la comisión de Seguridad Social (presidida por un hombre).

Por lo tanto, como lo anticipó Mary Wollstonecraft hace más de 200 años, el trabajo de reconstruir una sociedad más igualitaria, incluyente  y justa va más allá de normas jurídicas y programas educativos y de formación. Este trabajo de reconfiguración de las relaciones de poder político entre los géneros tiene que transitar por todos los espacios, primordialmente dentro de la vida interna e integración de los órganos de los partidos políticos y a través de la conformación de las comisiones de trabajo y los grupos parlamentarios donde hombres y mujeres formemos parte del centro donde se toman las decisiones políticas y económicas que nos afectan a todas y a todos.

[1] LGIPE, artículos 232, 233,234 y 235.

[2] LGPP: artículos 3, 4, 5 y 23 (numeral r).

[3] Ver Acuerdo INE/CG167/2014 de fecha 30 de septiembre de 2014 para conocer el recurso por partido político: http://www.ine.mx/archivos3/portal/historico/recursos/IFE-v2/DS/DS-CG/DS-SesionesCG/CG-acuerdos/2014/Septiembre/30septiembre/CGex201409-30_ap_6.pdf

[4] Ver “Pensamiento científico, complejidad y participación política de las mujeres en las comisiones ordinarias de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados.“: https://beckgza.wordpress.com/2013/06/24/pensamiento-cientifico-complejidad-y-participacion-politica-de-las-mujeres-en-las-comisiones-ordinarias-de-la-lxii-legislatura-de-la-camara-de-diputados/

Foro Ciudadano “Alcances y Perspectivas de la Reforma Política para el Proceso Electoral 2014-2015”


El pasado trece de diciembre del dos mil trece, la Cámara de Senadores aprobó el dictamen de reforma constitucional en materia político electoral, mismo que se turnó a las legislaturas de los Estados para su aprobación. Al día de hoy ha sido aprobado por los Congresos de los Estados de Baja California Sur (6 de enero de 2014), México (16 de diciembre de 2013), Coahuila (17 de diciembre de 2013), Guanajuato (7 de enero de 2014), Jalisco (10 de enero de 2014), Nayarit (17 de diciembre de 2013), Nuevo León (9 de enero de 2014),Puebla (17 de diciembre de 2013) y Zacatecas (20 de diciembre de 2013). Una vez que se obtenga la aprobación por la mayoría de los Congresos Locales (16) entrará en vigor.

De acuerdo con los artículos transitorios del Decreto de reforma, la legislación reglamentaria de las disposiciones constitucionales deberá ser aprobada a más tardar el 30 de abril del año en curso. Considerando que  la reforma constitucional establece la creación del Instituto Nacional de Elecciones con competencia para organizar los proceso electorales federales y estatales a través de las leyes de Partidos Políticos y de Procedimientos Electorales, es urgente proponer los ejes básicos de los contenidos de las nuevas leyes para garantizar los principios democráticos que deben observarse en la organización de los procesos electorales.

Por ello se extiende una atenta invitación para participar en el Foro Ciudadano “Alcances y Perspectivas de la Reforma Política para el Proceso Electoral 2014-2015”, anexando la Convocatoria correspondiente y el Dictamen de reforma publicado en la Gaceta del Senado de la República, mismo que será base del trabajo en el foro y de las ponencias de los participantes.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de enero de 2014

Convocatoria

Dictamen de Reforma Política 2013 (aprobada por el Senado)

Estudio Censal de la Participación Ciudadana en las Elecciones Federales de 2012


En este documento encontrarás información como la siguiente:

  • En 2012 tasa de participación femenina (66.08%) superó en 8 puntos porcentuales la tasa de participación masculina (57.77%).
  • Por nivel de edad, se observa que los niveles más altos de participación se concentran en la población de 40 a 79 años. Son las personas mayores a 80 años y las y los jóvenes de 20 a 39 años quienes  tienden a participar menos. La y los jóvenes que por primera vez están ejerciendo su voto (sector de 18-19 años) representan una excepción entre la población joven, alcanzando niveles de participación muy cercanos a la media.
  • Intersección sexo y edad. Analizando tanto sexo como edad de los votantes, las mujeres presentan en general una mayor participación que los hombres. Sólo en el sector mayor de 70 años la participación masculina superó a la femenina.
  • Es en el rango de 30 a 39 años donde la brecha entre los porcentajes de participación por sexo es mayor, en este segmento poblacional la participación femenina superó la
  • masculina en más de 12 puntos porcentuales.
  • La población de las áreas rurales presenta una mayor participación, a excepción de las personas mayores de 80 años, en donde la participación urbana es mayor.
  • Los estados de la frontera norte (a excepción de Coahuila), que tienden a registrar una menor participación, mientras que los estados del oriente muestran los niveles más altos.